En la mayoría de los procesos electorales que están en curso en diferentes entidades del país se aprecian características comunes que permiten distinguir algunas de las grandes líneas por las que hoy día discurre el diseño y la conducción tanto de las campañas electorales como de los procesos electorales en sí. Naturalmente, en algunos de tales procesos se aprecian condiciones específicas que les otorgan peculiaridades propias, como son el caso de Baja California, donde a diferencia de las demás entidades, se elegirá gobernador; o Puebla misma, donde el periodo de los cargos a elegir (diputados y ayuntamientos) se ha ampliado excepcionalmente a cuatro años con ocho meses, lo que sin duda provoca elementos adicionales en las aspiraciones e intereses de los respectivos candidatos y sus partidos.
Pero más allá de dichas particularidades, en la mayoría de los casos se está ante procesos altamente competidos, en los que concurren candidatos competitivos tanto por su propio perfil como por la polarización que tendencialmente muestran las preferencias electorales, nucleadas en torno a dos principales aspirantes, o bien divididas en tres tercios definidos por la suma de las respectivas clientelas electorales de algunos de los partidos que integran las diferentes coaliciones en apoyo a candidatos más o menos carismáticos. El fenómeno mismo de las coaliciones está presente en gran parte de los procesos en curso, en una estrategia que privilegia el posicionamiento local de partidos y candidatos, lo que permite que partidos que en una determinada localidad van coaligados, o con candidatos en común, eventualmente en otro municipio o distrito presenten a candidatos opuestos, sin menoscabo de que ello ocurra en una misma entidad.
Quizá como consecuencia de ello, se está ante procesos electorales que –sin esperar a la previsible impugnación de los resultados-- ya desde ahora se presentan altamente judicializados, ello debido a una serie de impugnaciones presentadas en contra de candidatos y coaliciones, así como en contra de resoluciones del organismo electoral local. Al respecto, vale mencionar que en varias entidades, las instancias jurisdiccionales han resuelto sobre impugnaciones a los procesos internos de selección y designación de candidatos, presentadas por militantes y precandidatos, lo que ha provocado que en diferentes momentos, los tribunales hayan ordenado la reposición de tales los procedimientos, en una clara incidencia sobre lo que en el argot se llama “vida interna” de los partidos. Este antecedente permite vislumbrar la elevada probabilidad de que el resultado de varias de las elecciones que se desarrollarán el próximo 7 de julio, será también impugnado y su litigio se trasladará a instancias jurisdiccionales federales.
Paralelo a esta característica, destaca también el reiterado fenómeno de “transfuguismo” político, eufemismo que permite catalogar amablemente los numerosos casos de candidatos que han decidido postularse a cargos públicos apoyados por partidos en los que no militaban hasta antes del proceso electoral: cuadros y líderes más o menos connotados que ya sin embozos se postulan o hacen proselitismo por partidos de los que hasta hace poco eran opositores. Casi está de más mencionar que tanto las impugnaciones a los procesos internos, como los reiterados casos de trasfuguismo, implican el debilitamiento de la institucionalidad partidista, pero ello no parece preocupar a las dirigencias locales ni nacionales, habida cuenta de que su respectiva estrategia privilegia la rentabilidad electoral y se agota en las cifras que obtendrán el día de la elección.
Esta frivolidad con que algunos partidos han encarado los procesos electorales en la mayoría de las entidades donde habrá comicios el siete de julio próximo, se refleja también en la descuidada utilización de herramientas derivadas de la comunicación política y el marketing electoral, situación que ha derivado en lo que algunos especialistas llaman “espectacularización” de las campañas que --al privilegiar su contenido mediático, centrarse en la imagen del candidato y limitar su mensaje a meros slogans— privilegian temas coyunturales y de obvia superficialidad, relegando a un segundo o tercer plano la contrastación de propuestas y la difusión de los contenidos programáticos respectivos. Ante ello, no se alcanza a vislumbrar una participación ciudadana copiosa ni espontanea, lo que desde ahora anticipa que la definición de los resultados se sustentará en gran parte en la mayor o menor capacidad y eficacia de la operación electoral que las respectivas estructuras partidistas lleven a cabo el propio día de la jornada. Tales antecedentes prefiguran elecciones potencialmente conflictivas, por lo que el compromiso de civilidad y observancia de la ley resulta indispensable para preservar la estabilidad política.
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