El pasado jueves 22 de agosto el Senado de la República aprobó la reforma constitucional...
.....en materia de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera de estados y municipios, y la devolvió a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.
Esta reforma que va a acotar y sancionar el endeudamiento excesivo de estados y municipios, es producto del esfuerzo de varios compañeros legisladores de distintas fracciones parlamentarias, que desde el año pasado vinieron manifestando su preocupación por el aumento tan significativo que, en los últimos años, tuvo la deuda en los Estados y Municipios del país.
Sin duda, esta reforma establece un importante precedente para la implementación de mecanismos que pongan en orden y fortalezcan la rendición de cuentas en el manejo presupuestal de los gobiernos subnacionales.
Es importante para mí hacer énfasis en los beneficios que esta minuta presenta hacia la ciudadanía, al establecer que se cuente con información precisa del nivel de endeudamiento de las entidades a través de un registro transparente y oportuno de la deuda. Esto, aludiendo a las denuncias que se hicieron en distintos lugares del país sobre el presunto manejo discrecional de recursos que por ley debían ser utilizados para obras con carácter social, pero que terminaron siendo usados como garantía de algún compromiso financiero.
Con esta reforma podremos tener un mayor control, ya que ahora contaremos con la información suficiente y precisa sobre la situación real de las entidades en materia de endeudamiento. Por otra parte, esto es positivo para las instituciones de crédito pues les ayuda a tener el detalle de la dinámica financiera cuando les sea solicitado un préstamo.
Quiero subrayar la participación del Congreso de la Unión como vital para fortalecer las finanzas públicas de los estados a través de la propuesta de estrategia de ajuste, suscrita vía convenios, y ante la cual una “Comisión Bicameral” tendrá la facultad de objetarla.
Son muchas las necesidades en el país y pocos los recursos, por ello, es clara nuestra obligación de optimizar recursos públicos, y qué mejor manera que fiscalizando correctamente su empleo a través de una reforma constitucional que permite hacer más eficiente este proceso.
No omito señalar la responsabilidad que ahora compartimos con Estados y Municipios por las tareas que éstos tendrán, por las implicaciones técnicas y administrativas que esta reforma implica para su operación.
Finalmente quiero comentar que la rendición de cuentas no debe quedar como un tema de retórica, ni como un proceso ajeno para las localidades más aisladas de nuestro país. Debemos hacer el mayor de los esfuerzos para transparentar estos procesos, difundirlos para que estén al servicio de la ciudadanía a fin de que tengan abierta la ventana para la verificación de la gestión pública.