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La participación política debería desarrollarse en un ambiente de libertad. Esa es una condición indispensable para cualquier democracia que aspire a ser auténtica. Sin embargo, en Tlaxcala comienzan a surgir preguntas que merecen una respuesta clara por parte de las autoridades.
En prácticamente todas las asambleas que encabeza la senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera, en el marco del proceso para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, es recurrente la presencia de personas identificadas como personal de la Secretaría de Gobierno.
Hasta ahí podría tratarse de una actividad institucional. Lo que llama la atención es que estos funcionarios elaboran reportes e identifican a quienes participan y expresan públicamente su respaldo a la legisladora.
¿Para qué necesita la Secretaría de Gobierno esa información?
La dependencia, encabezada por Luis Antonio Ramírez Hernández, tiene como responsabilidad privilegiar la gobernabilidad, el diálogo político y la estabilidad del estado. Difícilmente podría justificarse que destine recursos humanos para documentar quién asiste o quién manifiesta simpatía por una u otra expresión política dentro de un proceso partidista.
Más preocupante aún son las versiones que circulan entre actores políticos y ciudadanos, quienes afirman que algunas de las personas identificadas posteriormente han recibido presiones para retirar su respaldo a Ana Lilia Rivera. Hasta el momento, esas versiones no han sido confirmadas públicamente, pero precisamente por ello resulta indispensable que exista una explicación oficial que despeje cualquier duda.
La transparencia también consiste en explicar el actuar de las instituciones. Si los agentes de Gobernación cumplen una función estrictamente administrativa o relacionada con la seguridad de los eventos, no debería existir inconveniente en hacerlo público. Si la razón es otra, la sociedad también tiene derecho a conocerla.
El problema no es únicamente la presencia de funcionarios en actos políticos. El problema aparece cuando esa presencia genera la percepción de vigilancia, control o intimidación. En democracia, la sola duda sobre un posible uso político de las instituciones ya representa un costo para la confianza ciudadana.
Los procesos internos deben desarrollarse con absoluta libertad. Ningún ciudadano tendría que sentirse observado por expresar una preferencia política, ni mucho menos temer consecuencias por ejercer ese derecho.
La Secretaría de Gobierno tiene la oportunidad de aclarar cuál es el papel que desempeñan sus agentes en estos eventos. Hacerlo fortalecería la confianza institucional y evitaría que las versiones sustituyan a los hechos.
¿Están ahí para garantizar la gobernabilidad o para conocer quién apoya a quién?