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Martes, Septiembre 3, 2013
En su obra El Contrato Social, Juan Jacobo Rousseau argumenta que el poder que rige a la sociedad es la voluntad general que mira por el bien común de todos los ciudadanos; sin embargo, la práctica social ha desdibujado esta afirmación hasta ponerla en sus justos términos, el poder que rige a la sociedad está al servicio de las clases que son propietarias de los medios de producción y, a medida que se desarrolla la economía, se pone al servicio de los grandes propietarios y a los medianos y pequeños los empuja a la gran clase desposeída que son los obreros, los jornaleros, los peones; en fin, de los que carecen de toda propiedad.
Uno de los mecanismos más comunes de convertir a los pequeños propietarios en obreros o jornaleros es el mercado, pues a través de la competencia en los precios los pequeños propietarios, por su situación característica, tienen costos mucho más altos y, por lo tanto, no competitivos y poco a poco salen del mercado hasta abandonar su producción y su trabajo y si no lo hacen es porque no hay alternativa de emplearse; la salida de irse a los E.U. ya no es viable y por ello tienen que sobrevivir con las limosnas que los programas burocráticos les brindan.
Los resultados de esta política son desastrosos, cada año aumenta la importación de granos básicos, principalmente el maíz del cual somos los mexicanos sus descubridores y domesticadores, millones de campesinos emigran a las ciudades y forman los cinturones de miseria, y otros los menos, se alían a el narcotráfico para sembrar las materias primas que ellos necesitan; hoy hay miles y miles de hectáreas de cultivo abandonadas, y el principal problema, la pobreza, aumenta como lo indica claramente las cifras que recientemente daba el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Algunas de las opciones fallidas que ha ideado el Estado es crear programas para apoyar a los productores, pero estos programas no están diseñados para los pequeños productores, pues la SEFOA, SAGARPA, SEDATU, SEDESOL, SEPUEDE etc., no parten de las necesidades de los pequeños productores, sean ejidatarios o propietarios, sino que parten de las elucubraciones de los técnicos y funcionarios que crean los programas, así como de sus reglas de operación y lineamientos, sin tomar en cuenta las condiciones particulares de los campesinos; más bien partiendo de las condiciones de los grandes productores de los que producen en forma capitalista pues los programas son destinados a ellos y los beneficia; pero para los pequeños, la inmensa mayoría de los proyectos y programas fracasan y se tiran así muchos millones de pesos que van a parar a los bolsillos de la burocracia y, demás, se tira a la basura; el problema es que todavía en algunos de ellos el costo del fracaso se carga a los campesinos y se les obliga a pagar estos errores y mandarlos así a la miseria y al abandono de sus escuetos objetos de trabajo.
Un ejemplo típico de este aquelarre, es lo que está siendo el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (SEPUEDE) de Tlaxcala con un grupo de campesinos, la mayoría del municipio de Altzayanca. Hace 6 años aproximadamente, en la otra administración gubernamental, el SEPUEDE a través de alguno de sus programas, invito a varios campesinos, que vio conveniente, a participar en un proyecto que consistía en la instalación de invernaderos para producir, sobre todo, jitomate, para ello intervino la SAGARPA que apoyo con activos y la otra parte del recurso lo pusieron los campesinos. El proyecto estuvo planeado, dirigido y ejecutado hasta en sus menores detalles por los técnicos de esta institución, los proyectos, como casi todos ellos fracasaron y no por culpa de los campesinos, sino por una serie de detalles que nunca contemplaron los técnicos (como el mercado, los insumos, la capacitación etc.,) las instalaciones quedaron sin trabajar a pesar de varios intentos de reiniciar. Muchos intentos hicieron los productores pero lo mal proyectado, la carestía de los insumos y un mercado desconocido hace casi imposible su rehabilitación. El cuento es que ahora la nueva directora desconociendo la historia del proyecto, utilizando el terrorismo jurídico a demandado a los campesinos mediante juicios ejecutivos mercantiles, exigiendo el pago inmediato de su deuda y sin mediar dialogo alguno, quiere despojar a los campesinos hasta de sus humildes viviendas; se ve aquí con claridad no sólo es el desconocimiento de la realidad nacional, sino una injusticia arbitraria y absurda, y la tendencia de pegarle a los pobres aún más hasta dejarlos en la miseria y sólo porque seguramente recibió la orden de cobrar a como diera lugar y recuperar un dinero que ellos fueron los que lo emplearon. Un caso más de una burocracia incapaz que hace victimas a los campesinos.