- Si México no aplica con rigor la Ley y el Derecho, no tendrá oportunidad de crecer y progresar
- Nuevo marco de convivencia: los Juicios orales, la Ley del Amparo y los Derechos Humanos,
- Procuradores e impartidores de justicia, obligados a revisar a fondo sus procedimientos
Adelantados como ya estamos en materia de democracia, dos asuntos hay a los que ineludiblemente debemos prestar atención por el lastimoso retraso en que se hallan. Me refiero a la justicia y a la educación. A causa del rezago que priva en el país en ambos rubros es que, con merecimientos de sobra, a los mexicanos se nos ubica en los niveles más atrasados y pobres del mundo civilizado. A reserva de examinar en una próxima ocasión con usted, estimado lector, la situación de la enseñanza, atendamos en este artículo al tema de la justicia.
Imágenes que denuestan a la Nación
Hay imágenes con las que se nos identificó en el extranjero por años. A la figura del indito que dormita a la sombra de un nopal que reproducían los viejos almanaques, agréguese la del charro pendenciero y borrachín que protagonizaran tantas veces en el cine Negrete e Infante, y que inmortalizara Disney en el personaje de Pancho Pistolas de su película Los Tres Caballeros. Si bien es cierto que aun quedan reminiscencias de esas imagenes, por suerte ya dejaron de ser el estereotipo con el que se retrataba a buena parte del pueblo mexicano.
El México arbitrario y sin ley
No obstante lo dicho, hay todavía modelos con los que nos siguen asociando quienes observan a México desde las más altas atalayas internacionales. El más nocivo de todos, el que más daño nos sigue infligiendo, es el del vulgar caudillito rural que -en contubernio con una policía ignorante y violenta, un ministerio público venal y un juez prevaricador- olímpicamente ignora la ley, y procura e imparte un remedo de justicia a su modo -la Ley de Herodes- de forma discrecional, en invariable perjuicio de quienes carecen de influencia política y dinero.
Un sistema corrompido
Si ascendemos por la pirámide del poder y dejamos atrás la patética figura de ese turbio cacique de comunidad, daremos sucesivamente con la de los presidentes municipales, la de los gobernadores y también, sí amigo lector, con la de los presidentes de la Nación. Hablo de un sistema -el priísta en sus distintas denominaciones- que, desde arriba hasta abajo, lo corrompió todo, incluyendo por supuesto las estructuras de justicia. La película Presunto Culpable nos dio apenas un leve atisbo de la dramática realidad que priva en esa materia.
Exigencias de la modernidad
El déficit democrático que padecía México -evidenciado a los ojos del mundo en el gran fraude de 1988-, obligó al PRI a liberalizar las reglas electorales. Algo similar acontece ahora con la justicia, porque quien en la actualidad tiene en sus manos las riendas políticas del país sabe que el indicador que más toman en cuenta los inversionistas es, sin ninguna duda, el de la seguridad en la vigencia del estado de Derecho. Y es que, mientras las cuestiones judiciales no atiendan con rigor a lo prescrito por la ley, México no podrá crecer ni desarrollarse.
Los laberintos de la justicia mexicana
Sólo quien ha tenido el infortunio de verse inmiscuido en algún incidente que demande la presencia de la policía y la intervención del ministerio público, sabe que -si no cuenta con influencias que lo libren de ese mal momento- va a atravesar por un calvario del que no le quedará ningún grato recuerdo. En lo personal nunca he tenido esa experiencia; empero, sé de ella por lo que personas que si la han sufrido cuentan, y por lo que especialistas en criminología -y hasta escritores y cineastas- nos ofrecen en forma más detallada y puntual.
De injusticias e impunidades
De siempre se sabe que la justicia en México no existe, por lo menos en la forma como se la entiende en paises civilizados. En nuestra particular interpretación la sabemos sujeta, no a investigaciones pulcras que buscan conocer la verdad, sino al dinero o la influencia de que dispone el inculpado. No aburro al lector citando casos en que la diosa justicia ha sido burlada por el poderoso… y aquellos otros en los que la injusticia se ceba inmisericordemente en el menesteroso. Los conocemos muy bien…, aunque a veces cerremos los ojos para no verlos.
Jueces invisibles y magistrados inaccesibles
La forma con que se conducen procuradores e impartidores de justicia en el cumplimiento de su cometido, obedece en gran medida a la secrecía de los procedimientos prescritos por los códigos penales de cada uno de los estados de la República. Las distintas etapas de un proceso -abundantes en tecnicismos jurídicos ininteligibles- se desahogan a través de escritos, abogados y secretarios de juzgado. Así, un presunto responsable de un delito puede ser absuelto, o declarado culpable, sin haber visto nunca al juez que firma su sentencia.
Las alcantarillas del sistema
En esa brumosa atmósfera todo puede ocurrir. Puede ocurrir, por ejemplo, que si al abogado que lleva su caso le llegaren al precio -eventualidad harto frecuente- es suficiente con incurrir intencionalmente en algún defecto de forma para vender su defensa. Y no entro en detalles de los mil modos con los que se puede distorsionar una causa penal: peritajes alterados, declaraciones forzadas, testigos falsos, torturas, pruebas inventadas, etc. Mas si todo ello no bastara, siempre habrá un juez dispuesto a atender… sugerencias de interés y provecho.
Un solo Código Penal Nacional
Con todos esos vicios busca acabar el Código Nacional de Procedimientos Penales que recien promulgó el presidente Peña Nieto. Sustituirá a los 33 códigos vigentes en el país, y su aplicación -prevista de manera generalizada para el 2016- supondrá una transformación de la mayor trascendencia en la impartición de justicia. Obligará, además, a las procuradurías a ajustar sus procedimientos a lo dispuesto por el nuevo código. La innovación es profunda y, como veremos adelante, afectará a numerosas instancias vinculados con el tema.
Vacuna anticorrupción
El nuevo código regula derechos de víctimas y procesados, y prevé salidas alternativas al juicio convencional para casos de delitos leves que pueden resolverse antes de llegar ante un juez. Los juicios orales y públicos darán a los procesos la diafanidad de la que actualmente carecen, virtud que explica la tenaz reticencia de abogados acostumbrados a maniobrar en la más absoluta opacidad. Es posible, estimado lector, que los juicios orales no erradiquen por completo a la corrupción, pero si es seguro que la van a reducir en forma sustantiva.
Innovaciones trascendentes
Estamos en el umbral de un cambio importantísimo que dará confiabilidad a la justicia mexicana. Al nuevo sistema penal acusatorio que habrá de hacerse realidad en salas y juzgados de libre acceso para el público, hay que agregar la nueva ley de amparo y las reformas constitucionales sobre derechos humanos. La implementación de esas innovaciones no está resultando sencilla; precisa de voluntad política, de recursos cuantiosos, y de preparar profesionales en esas disciplinas. Como se ve, la tarea por cumplir es de grandes dimensiones.
Desconocimiento y temor ciudadano
En parte por la natural -y muy justificada- repulsa que el ciudadano común tiene hacia todo lo relativo a la justicia, y en parte porque en términos generales nuestra educación cívica es deficiente cuando no inexistente, conviene repasar algunos conceptos básicos acerca de la forma en la que teóricamente el estado se organiza para cumplir con sus fines. De siempre ha existido la confusión entre los términos procuración e impartición de justicia y hay razón en ello, por el parentesco semántico de los términos. Intentemos acercarnos a ellos.
Precisiones semánticas
En México entendemos por procurar justicia la realización de tareas de investigación y búsqueda de pruebas que acrediten, o no, la responsabilidad de alguien en la comisión de un cierto delito. Por impartir justicia se entiende la deliberación que se realiza para definir la responsabilidad de alguien, o la razón que le asiste, y entonces sentenciar. La labor de investigar es a cargo del ministerio público, y la de valorar los elementos disponibles para determinar la culpabilidad de un imputado, del sistema judicial, es decir, de los jueces y los magistrados.
Sin autonomía no hay Imparcialidad
El ministerio público representa a la sociedad y actúa ante los tribunales como la parte acusadora que exige castigar al que comete un ilícito, y reparar o resarcir el daño causado. Es independiente del Poder Judicial y del Ejecutivo, aunque en los hechos funciona como una dependencia de este último; su titular -denominado Procurador- actúa a la orden directa del gobernador, si es estatal, o del presidente, si es federal. Es claro que, sin un ministerio público autónomo, la idea de que la justicia sea ciega -y por tanto imparcial- es sólo una utopía.
LA FRASE
No se ha ido sólo uno de los más grandes. Se ha ido, amigo lector, un genio irrepetible. Cualquier afán de equipararlo con quienes han dado lustre a la literatura debe abandonarse al sólo citar nombres. Y es que Gabriel García Márquez es incomparable. A través de su obra, sus lectores mantienen una relación personal y privada con el escritor colombiano. Narro la mía: leí La Hojarasca por casualidad; no recuerdo cómo ni porqué llegó a mis manos, pero tengo viva la imagen de su colorida portada. Su lectura me deslumbró. Ahí supe, antes que muchos, de Macondo y de Aureliano Buendía. Me quedé con el nombre de su autor -a la sazón desconocido- y esperé la publicación de su siguiente obra. Tardó diez años… pero al fin llegó Cien Años de Soledad. Lo demás lo sabe usted, si como supongo es uno de los millones de lectores de esa obra maestra. Termino con una frase de quien siempre se consideró periodista:
"La hoja en blanco es la cosa más angustiosa que conozco después de la claustrofobia"