Si bien todos los derechos humanos son de vital importancia, algunos de los más valorados por las personas son la libertad, la vida y la integridad personal, derechos que pueden ser vulnerados a partir de una detención, ya sea legal o ilegal.
El derecho a la libertad se ve limitado desde el momento en que una persona es detenida, ya sea por elementos de seguridad pública municipal, estatal o ministerial, para ponerla a disposición del ministerio público e ingresarla a un Centro de Reinserción Social (Cereso).
Además del derecho a la libertad, se atenta contra el derecho a la integridad personal cuando, durante la detención, se hace uso excesivo de la fuerza, se emplea la tortura con fines de investigación, se incomunica al detenido o no se le informa la causa de su detención.
De acuerdo con datos del más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, Tlaxcala es la segunda entidad del país con cárceles en mejores condiciones, ya que, entre otras cosas, no tenemos datos de sobrepoblación.
Sin embargo, a pesar del buen sitio que ocupa Tlaxcala en este rubro, es importante señalar que existen algunas prácticas en los penales de la entidad que podrían vulnerar los derechos humanos de las y los internos.
Por ejemplo, la imposición de sanciones disciplinarias en ciertos casos puede derivar en tratos indignos, sobre todo cuando tales medidas contemplan la suspensión de la visita familiar o íntima y la incomunicación telefónica.
Otra forma de vulnerar los derechos de las y los internos tiene lugar cuando éstos no conocen su situación jurídica. Esto es común entre quienes, por falta de recursos económicos para contratar un abogado, nombran al defensor de oficio como su representante, quien en ocasiones tarda meses en proporcionarles noticias y los mantiene en la incertidumbre.
Los derechos humanos de las y los internos también se ven afectados cuando en los Ceresos se presta una deficiente atención médica y psicológica, así como malos tratos por parte de los directivos y del personal de custodia.
Cabe precisar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos permanentemente da seguimiento a inquietudes, solicitudes y quejas por parte de quienes están recluidos en los Ceresos de Tlaxcala y Apizaco, a través del Programa Penitenciario –que opera la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil- o mediante diligencias del personal de las Visitadurías Generales.
Si bien es cierto que la mayoría de las personas internas en los Ceresos está ahí por alguna conducta contraria a derecho, eso no quiere decir que las y los internos ya no sean poseedores de derechos. De ninguna forma puede ser así.
Si bien la Comisión Estatal de Derechos Humanos no investiga delitos ni define la situación jurídica de las y los internos, sí indaga violaciones a los derechos humanos y para ello analiza el desempeño de los servidores públicos encargados de aplicar la ley.
Tal desempeño siempre debe tener relación con el respeto a los derechos humanos de las y los internos, como lo establece el marco jurídico estatal, nacional e internacional. En cualquier caso, el Estado mexicano está obligado a respetar y garantizar los derechos fundamentales sin discriminación alguna.
Por ello, una de las prioridades y responsabilidades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es vigilar que toda persona sea tratada con respeto irrestricto a su dignidad. Dicho de otro modo, la Comisión debe velar por que toda persona tenga un trato humano, lo que significa que la reclusión no debe conllevar restricciones y sufrimientos que van más allá de los que sean propios del hecho mismo de estar privado de la libertad.
Para concluir, es necesario puntualizar que el Estado debe adoptar políticas públicas orientadas a superar las grandes deficiencias del sistema penitenciario con pleno apego al respeto de los derechos humanos de las y los internos, así como proporcionarles la asistencia necesaria para que de manera positiva retornen a la sociedad, que es uno de los fines básicos de las penas privativas de libertad.
* Defensor de Derechos Humanos adscrito a la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos