.
Martes, Noviembre 3, 2015
Después de casi cien años de gobiernos emanados del PRI y de vivir en un sistema preponderantemente corrupto en México sabemos que tras cada crisis -sea económica o de cualquier otro tipo-, éstas generalmente no han sido aprovechadas como ventanas de oportunidad para avanzar, sino lamentablemente han sido empleadas sólo para exacerbar las facultades del gobierno sobre la población, lo que ha generado un retroceso sistemático para las mayorías como el que hoy se vive.
En este marco es en el que actualmente la CNDH vive la crisis más severa de falta de credibilidad desde su creación.
La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el caso de la muerte de 22 personas en Tlatlaya a manos del Ejército, entre otros casos de violaciones a los derechos hum anos que recientemente motivaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con especialistas extranjeros que manifestaron, entre otras cosas, que la violación de los derechos humanos en México es una situación generalizada, no es sino un signo de lo que por años ha existido.
Ayotzinapa y Tlatlaya son hechos recientes de violaciones; pero a lo largo del siglo veinte en los mejores años del poderío del PRI se dieron situaciones como las muertas de Juárez preponderantemente al final del mandato de Carlos Salinas y en el de Ernesto Zedillo, la denominada guerra sucia contra grupos políticos opuestos al gobierno en los tiempos de Luis Echeverría y años posteriores con miles de desapariciones forzadas.
Los asesinados, desapariciones e impunidad en tiempos del Negro Durazo con López Portillo en la presidencia; las miles de muertes de estudiantes en el sesenta y ocho en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, entre muchos otros casos de este tipo, hechos que han quedado en la impunidad.
Pero cómo ha respondido el gobierno luego de cada una de estas situaciones dónde por cierto ha estado directamente involucrado; bueno pues ha existido el ocultamiento de información; investigaciones que no han llegado a la verdad de las cosas; y en términos generales sólo han servido para que el gobierno legitime la utilización de la fuerza en contra de quienes se oponen a sus intereses.
En las últimas décadas la denominada participación ciudadana en este tipo de asuntos; así como en la defensa de los derechos humanos ha sido utilizada más para legitimar las acciones del gobierno en turno que para ser un contrapeso ante los excesos del poder; ya que la ciudadanía no cuenta con los recursos necesarios para hacerse justicia ni para resolver tales casos.
Mientras que los representantes ciudadanos que ocupan cargos legitimados por el gobierno como los de las Comisiones de los Derechos Humanos siguen dependiendo del subsidio del gobierno y son nombrados por el mismo poder gubernamental a través del Congreso, donde entonces, no se puede hablar de una autonomía plena de dichos organismos, y quienes los representan están más cerca del poder que de la ciudadanía.
Entonces los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya no son, sino la gota que derramó el vaso, el destape internacional de la cloaca de tantas y tantas violaciones que históricamente y día con día se cometen a lo largo y ancho en el país, y que ha derivado en la crisis de falta de credibilidad que hoy por hoy vive el gobierno priista de Enrique Peña Nieto en materia de derechos humanos.
Lamentablemente ante esta sit uación la reacción de Presidencia de la República ha sido la de minimizar estos casos, mentir con la supuesta verdad histórica que sostenía la versión de la calcinación de los normalistas desaparecidos; hecho desmentido por la Comisión Interamericana; y las decenas de detenidos por el caso de Ayotzinapa que no se han visto sino como chivos expiatorios de un caso vergonzoso para cualquier gobierno.
Pero aquí el sistema dirigido por el PRI-Gobierno ante esta crisis no ha mostrado, sino la misma cara que en otros casos lamentables que a lo largo de la historia del siglo veinte se han dado; el ocultamiento de información, la impunidad, las verdades a medias o mentiras, etc.
Y eso no significa, sino un retroceso inminente en el tema de la defensa de los derechos humanos en México, que si bien en los últimos años había logrado avanzar un poco en materia de autonomía, hoy la crisis es aprovechada por el aparato gubernamental para poner más vigila ncia y limitar las acciones de la CNDH que regresa a servir con más fuerza a los intereses del gobierno, y se aleja cada vez más de los ciudadanos.