Martes, Noviembre 24, 2015
Quiero iniciar ofreciendo una disculpa por los "duendes" que se atravesaron en la última entrega y que cambiaron algunas palabras. Espero se haya entendido en el contexto.
Los medios y los periodistas cumplen una función vital al ejercer la intermediación entre la sociedad y el gobierno para mantener la libertad de expresión y el flujo de información entre ambos. En los regímenes democráticos el ejerció periodístico abierto y sin tapujos es un indicador de la libertad de expresión que permiten la confrontación de ideas y argumentos de manera natural.
Pero en nuestro país el periodismo se ha convertido en una profesión de riesgo a pesar de que el estado mexicano cuenta con las herramientas legales para proteger la actividad. El gobierno cuenta con una ley federal, un mecanismo de protección y una fiscalía especial para proteger a la prensa y garantizar la libertad de expresión y aún así el promedio de agresiones contra la libertad de expresión subió un 80 por ciento durante los dos primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto en comparación con el gobierno de Calderón.
El 47.8 de periodistas que fueron agredidos en 2014 trabajan en medios impresos; 20.8 por ciento labora en plataformas digitales; 16 por ciento en radio y televisión, el 13.4 por ciento son periodistas independientes y los principales responsables de los actos que violentaron la libertad de expresión, en un 56 por ciento, fueron servidores públicos de los gobiernos federal, estatal y municipal.
El informe del estado de la censura publicado por "artículo 19" nos muestra un panorama desalentador. Un problema que no es de regiones, la impunidad se ha generalizado en el país. Por ninguna violación grave documentada existe una persona sentenciada penalmente y en las investigaciones que se realizan se desvinculan los hechos del ejercicio periodístico, quien agrede a un periodista sabe ,en virtud del porcentaje, que no le ocurrirá absolutamente nada, lo que los coloca como blancos fáciles.
Por acción u omisión, las autoridades vulneran la seguridad de los periodistas y los revictimizan al no llevar justicia y reparación del daño a sus familiares. Como estrategia de deslegitimaron los gobiernos tratan de vincular a los periodistas con la delincuencia, problemas amorosos o drogas todo menos actos derivados de su ejercicio profesional.
Ante este escenario tan caótico a nivel nacional y el incremento de estos hechos también a nivel local, donde se ha llegando a la sinrazón de encarcelar a un periodista por el simple hecho de ejercer la crítica, es plausible la propuesta en Tlaxcala para crear una ley que proteja a los periodistas y el secreto de sus Fuentes, que bueno que existan dos propuestas una ya presentada por la representación de periodistas y otra que será propuesta en la próxima semana por el diputado Serafín Ortiz, ojalá la sociedad civil pueda enriquecer ambas propuestas y los diputados entiendan la importancia de ella y no la descalifiquen como parte de una estrategia política o por instrucciones superiores.
Finalmente no olvidemos que no se requiere sólo ampliar el marco normativo, esto no sirve sin el compromiso y voluntad política de los gobernantes para acatar la ley.