La nueva ley tiene que eliminar cualquier resquicio por donde se evadan los peces gordos de la política
El Sistema Estatal contra la Corrupción que debaten los diputados no debe distinguir rangos ni jerarquías
La meta del gobierno de Marco Mena no es castigar sueldos sino crear condiciones que permitan subirlos
Corrupción es un término que causa erisipela a un amplio sector de nuestra clase política. No son pocos sus miembros -por fortuna existen excepciones- que gustan de hablar de ella in extenso, atribuyéndole todos los males que sufre, la República en general y Tlaxcala en particular. En su cínica retórica no ahorran adjetivos, aunque cuidándose de usarlos en términos abstractos y sin acercarse al pantanoso terreno de las precisiones. Salvo, claro, si la cuestión atañe a municipios pequeños cuyos micropresupuestos son manejados por ediles generalmente novatos, insignificantes charalitos aprendices de político que se confunden entre la vasta población piscícola tlaxcalteca. A esos casos, el órgano fiscalizador y los señores diputados sí les aplican la lupa revisora, y hasta denuncian y dan nombres de los presuntos malversadores.
Distintos tratamientos al latrocinio
Nadie podría negar que en Tlaxcala abundan los presidentes municipales que han cedido a la tentación de dar uno que otro dentellón al erario. Lo hacen llevados por esa disposición innata que poseen para sumar los caudales públicos a los suyos propios. Mas esas leves mordidas que aplican a los dineros del pueblo, siendo por supuesto punibles, son nada comparadas con los suculentos bocados que trienal y sexenalmente engullen las voraces pirañas que se ocultan en las aguas cenagosas de las administraciones públicas de los mayores municipios de la entidad y -por supuesto y sobre todo- en las dependencias del ámbito estatal. Con ellas el tratamiento fiscalizador es distinto; se vuelve laxo y negociable de tal suerte que la inspección a que son sometidas sus cuentas arroja invariablemente resultados de impoluta pureza. Para escarnio y burla de la sociedad, la farsa se repite año con año, trienio con trienio y sexenio con sexenio, sin que a los peces gordos conocidos, -protegidos como están por las aceradas redes de la complicidad-, se les someta a un verdadero escrutinio.
Marea social versus la corrupción
Merced a la presión ejercida por la prensa libre y por una sociedad civil cada día más activa y mejor organizada, tan irritante impunidad pudiera estar próxima a conocer su fin. La clase política nacional -y aquí la tlaxcalteca- tienen ante sí un desafío que no podrá eludir y que, como bien se sabe, mucho tiene que ver con dos de sus más notorias carencias: la honestidad y la transparencia. La expectativa se basa en que se dispone ya de un conjunto de herramientas legales, accesibles y seguras, que debemos conocer y aprender a usar, pues proporcionan los recursos necesarios para denunciar -y ver que se persigan y castiguen- delitos como el peculado, el tráfico de influencias, el ocultamiento de la información, etc., etc.
Obligados a legislar sin subterfugios
Esa serie de disposiciones se integraron al denominado Sistema Nacional Anticorrupcción, del que en varias ocasiones he abordado y cuyo alumbramiento se debe al esfuerzo de un grupo de mexicanos con los que la nación tiene contraída una deuda enorme. De entre ellos quiero destacar el nombre de Mauricio Merino, que con discreción y diligencia ha venido actuando como la lúcida punta de lanza de ese gran proyecto que, en el espacio federal, ya es realidad. Lo que ahora toca en Tlaxcala es que el Congreso local proceda a homologar las leyes vigentes con la letra y el espíritu de las normas federales. Lo tendrá que hacer sin excusa ni pretexto, porque le fue impuesto un plazo perentorio que termina en el mes de junio próximo. Así pues, habrá que estar atentos a los pasos que vayan dando nuestros insignes representantes dado que -conociendo sus antecedentes- para nada son ociosas las reservas que abriga la sociedad respecto de su desempeño. Y para documentar su desconfianza, vea usted lo que sigue, amigo lector.
Eufemismo ridículo
Apenas iniciada su labor legislativa, los diputados dispusieron que el nuevo organismo, en lugar de darle como correspondía el nombre equivalente de Sistema Estatal Anticorrupción, prefirieron bautizarle con el moraloide y aséptico título de Sistema de Ética e Integridad Pública del Estado de Tlaxcala. Adviértase la puerilidad implícita en el cambio de denominación y en la difuminación intencionada del propósito de la ley. Lo que con en esa lógica se pretende es rehuir la carga culposa que conlleva la palabra corrupción. Picardía pura, pues. Obviamente, no hubo objeción y, por unanimidad, el pleno de la LXII Legislatura avaló la propuesta del presidente de la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales, diputado Enrique Padilla Sánchez, quien además informó que el sistema será creado “…de forma gradual y progresiva, atendiendo a las circunstancias de la entidad…”. Padilla Sánchez, un político con experiencia en lides parlamentarias, no aclaró a qué circunstancias se refería, aunque su dicho nos hace pensar que la corrupción aquí tiene alguna especificidad misteriosa.
Comedia del absurdo
Indaguemos en la semántica de los términos involucrados en esta comedia del absurdo. Según la Real Academia Española, corrupción es una “…práctica consistente en la utilización de funciones y medios de organizaciones públicas en provecho -económico o de otra índole- de quienes son sus gestores…”. En contraposición, la palabra ética se refiere a un “…conjunto de valores que rigen la conducta de las personas…” y, en una segunda acepción, a la “…parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores…”. Ya me dirá usted, amable lector, cuál de esos conceptos se ajusta más a la concepción original de la ley, que llanamente expresado lo que busca es castigar rateros y sinvergüenzas, y no catequizarlos con manuales de civismo y buenas costumbres que más parecieran dirigidos a niños escolapios que a administradores profesionales de la cosa pública. Y si quiere pasar de la sonrisa a la carcajada, por favor siga conmigo hurgando en el diccionario el significado de los demás términos contenidos en la designación urdida por los diputados para el nuevo sistema: íntegro alude a una “…persona recta, proba e intachable…” e integridad -y no invento, créame-, a la “…pureza de las vírgenes…”.
ANTENA ESTATAL
La meta de Marco Mena
Clara, precisa y contundente a mas no poder ha sido la respuesta que dio el gobernador Marco Mena a la propuesta del legislador perredista Alberto Amaro para que los ingresos de los funcionarios se disminuyeran un diez por ciento. La reacción del mandatario fue firme y categórica, y le permitió referirse a uno de los males más extendidos que aquejan a Tlaxcala: la precariedad salarial. Ante la rebaja de emolumentos de gobernador, presidentes municipales y diputados demagógicamente solicitada por el coordinador de la bancada del sol azteca, el mandatario pronunció una frase que debiera ser bien entendida por todos: “…lo que necesitamos es que la gente gane más…”. Trátase de una verdad como un templo y, subrayo, no se trata tan sólo de un buen deseo ni de una entelequia sin fundamento, sino de una meta por la que todos, sociedad y gobierno, debiéramos pugnar.
Hacia una administración mejor organizada
Marco Mena está trabajando en reordenar su gobierno con un criterio de funcionalismo y eficiencia, y ha advertido -por lo menos este opinador así lo ha entendido- que toda persona que esté en la nómina gubernamental es porque tiene, con independencia de su nivel y categoría, una función específica a cumplir en servicio de la ciudadanía. Y ha hecho hincapié en que sus resultados deben ser informados y evaluados de manera constante. Excluyendo por supuesto a los nocivos aviadores, de lo que se trata es de utilizar racionalmente la fuerza de la estructura burocrática de modo que, sin afectar los derechos de sus trabajadores, los que no tengan una tarea definida sean reasignados a áreas donde sus capacidades y experiencia puedan aprovecharse mejor.
Corrupción, la principal fuga de recursos
Hay que acabar con el mito de que en Tlaxcala son altos los ingresos de los funcionarios. Cualquier estudio comparativo que se haga confirmaría datos que nos ubican como uno de los dos o tres estados de la República con más bajos niveles salariales. Añádase a ese hecho que México como país está a la zaga respecto de las naciones integradas a la OCDE. En esa disparidad radica precisamente la causa del fenómeno migratorio a los Estados Unidos. Déjese pues la clase política local de buscar la solución a nuestros graves problemas por el lado de bajar sueldos de por sí exiguos, y afánese en cambio en materializar un buen Sistema Estatal Anticorrupción con el que sí podrán reducir de forma efectiva las cuantiosas pérdidas que por esa vía se le resta al erario.
Para la Primera Plana:
Lo que busca el nuevo Sistema Estatal contra la Corrupcción -bautizado eufemísticamente por los diputados locales como Sistema de Ética e Integridad Pública- es castigar con rigor a rateros y sinvergüenzas sin distingos de rangos y jerarquías, y no nada más catequizarlos con un manual de civismo y buenas costumbres que más pareciera dirigido a escolapios que a administradores profesionales de la cosa pública.