Aleccionador repaso a cada fase de la revisión a que se someten las cuentas públicas en nuestra entidad
En los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado está el acabar con esa denigrante práctica
¿Cuál es el límite de la paciencia de la sociedad? ¿No estará la clase política ya muy próxima a rebasarlo?
Son muchas y muy diversas las razones que explican la desconexión de la sociedad con su clase política. Pero la más clara de ellas, y la que más ofende a la sensibilidad ciudadana es la manera como los fiscalizadores encargados de vigilar la aplicación de los recursos del erario encubren las anomalías en que incurren quienes llegan a ocupar cargos de responsabilidad en las administraciones municipales… y en la del propio gobierno del estado. Y es que en Tlaxcala a nadie, pero absolutamente a nadie, se le ocultan los turbios acuerdos que, año con año, se concretan entre los gestores de la cosa pública y sus auditores. La generalización de los calificativos en su contra se explica debido a que nadie dice la verdad y, al mentir sistemáticamente, son ellos los que abren el espacio para que las especulaciones se multipliquen e incluso alcancen a los que están libres de culpa.
El trámite de los salvaconductos
Se trata, amigo lector, de una trama perfectamente organizada dedicada, por una parte, a garantizar impunidad a quienes se apropian de bienes y dinero que son de la gente y, por otra, a entregar dinero mal habido a quienes tienen la misión de cuidarlo. El certificado de pureza lo otorga el pleno de la Cámara de Diputados, basado -se supone- en un dictamen que emite el Órgano de Fiscalización Superior (OFS por sus siglas). La operación se concreta a cambio del correspondiente y obligado moche, cuya magnitud es proporcional a la dimensión del desfalco perpetrado por el implicado... o al tamaño de su miedo a ser denunciado penalmente.
Cómo se llega al entendimiento
El arreglo entre las partes viene precedido de jaloneos en los que se discute el monto de la mordida. Si hay acuerdo, el tema no salta a los medios, pero si el ajuste se demora entonces aparecen filtraciones intimidatorias en la prensa. El primer paso es revelar las irregularidades -ficticias o reales, que de las dos hay- en las cuentas del ente escrutado. El segundo es el plazo perentorio que se le fija para que las solvente. De no cumplir con la exigencia -ya sea dando satisfacción a las observaciones o cubriendo en efectivo el moche exigido-, entonces la presión mediática sube de tono conforme se acerca el vencimiento de los términos de ley. Es en este punto donde entra en escena la Comisión de Finanzas y Fiscalización.
Costos de un dictamen aprobatorio
Al tomar conocimiento de los temas, es costumbre que los legisladores miembros de la comisión actúen como mediadores ($) de la diferencia entre auditor y ente fiscalizado. Vencidos los tiempos para el entendimiento, el OFS rinde su informe a efecto de que los miembros de la comisión lo estudien y vayan conformando su opinión. Casi siempre hay coincidencia ($) entre el órgano auditor y la comisión, aunque tampoco es raro que se presentan divergencias ($) de criterio. Si tal cosa ocurre, es el punto de vista de los diputados el que prevalece. Acto seguido y previa votación interna, la comisión emite su dictamen a fin de llevarlo a la consideración del Pleno. Y si bien lo habitual es que los asuntos llegan a esa instancia planchados, a veces ocurre que, a última hora, los diputados reunidos en sesión plenaria deciden -contra toda lógica y razón- revertir ($) el dictamen de la comisión.
Cinismo al descubierto
Esa ha sido, grosso modo, la rutina que desde hace por lo menos dos sexenios se sigue en Tlaxcala para combatir (¿) la malversación de los dineros del pueblo. Cíclicamente son los propios diputados los que en público se acusan entre sí de vender su voto para proteger alcaldes contra los que existen evidencias de haber hurtado caudales al erario. El hecho provoca efímeros escándalos mediáticos que el acontecer diario y una ciudadanía, demasiado pasiva y permisible, va dejando pasar. Mas los excesos no paran ahí; el perverso uso del poder que la ley confiere a auditores y diputados fiscalizadores alcanza hasta los ediles que no han incurrido en desvíos y que, por errores de índole administrativa de sencilla reparación contable, son también objeto de presión y amenazas. En particular se ceban en munícipes que no cuentan con protección política ni con recursos para satisfacer sus exigencias.
Entre agentes y jueces
Una vez conocidos los fallos reprobatorios definitivos lo que sigue es que el Poder Legislativo, a través del OFS, entere a la autoridad encargada de procurar justicia y le adjunte el expediente técnico-administrativo del asunto. En este punto es donde dan comienzo las que debieran ser últimas fases del proceso; lamentablemente las diligencias que integran el procedimiento están también desprovistas de la más elemental transparencia. Es a la PGJE a la que toca practicar las indagatorias del caso, al cabo de las cuales el indiciado, al comprobársele responsabilidad en el delito que se le imputa, debe ser aprehendido y puesto a disposición del Poder Judicial para que un juez dicte la sentencia que en justicia corresponda. Eso dice la ley, pero la realidad es que ex alcaldes que tendrían que estar pagando sus culpas en prisión pasean con descaro su impunidad en los municipios que gobernaron. ¿Por qué -cabe preguntar- tras las averiguaciones no se desprendieron las correspondientes órdenes de aprehensión? Y si el juez las libró… ¿por qué no se hicieron efectivas? Las respuestas, amable lector, usted las intuye.
Las del Estado… ¿cuentas irreprochables?
Hemos abordado el procedimiento con el que en Tlaxcala se fiscalizan las cuentas públicas de sus municipios. Pero… ¿y las de las dependencias del gobierno del estado? Bástele a usted saber que son inmaculadas (¿) ya que invariablemente los diputados las hacen objeto de expedita y unánime aprobación. Tan perfectas e impolutas son que ningún legislador les halla detalle alguno que requiera aclaración; nadie, repito, osa esbozar dudas acerca de una pulcritud que a priori se tiene por dada y que, además, viene sancionada por el OFS. Asunto secundario es el hecho de que ese libre tránsito por la aduana fiscalizadora del Congreso no se da gratuitamente; tiene un costo anual sustantivo que a modo de legítima (¿) compensación complementa los ingresos de los encargados de darnos buenas leyes. Sólo recordemos que han sido ellos -insisto en el punto-, los mismos diputados de las legislaturas precedentes, los que en su momento dieron a conocer hasta el monto exacto de las dichas recompensas. Basta acudir a las hemerotecas para verificarlo.
La investigación de don Alberto
El diputado presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, el perredista Alberto Amaro, anunció hace unos días que se investiga a Crispín Corona, responsable del Órgano de Fiscalización Superior durante un largo periodo, y a su director Jurídico José Antonio Hidalgo Cote, a este último por no haber concretado “…mas de 120 denuncias penales ante la PGJE…” Las indagatorias del diputado Amaro además incluirían a quienes fueron sus homólogos en anteriores legislaturas y participaron en la aprobación de un sinnúmero de cuentas anómalas. Tales declaraciones obviamente generaron inquietud entre los potenciales afectados, por lo que presionaron al legislador del sol azteca a que diera marcha atrás en sus afanes depuradores. Debo decir que mis reservas acerca de pudiera prosperar la audaz iniciativa del diputado Amaro aumentaron exponencialmente al examinar los nombres de los legisladores apuntados en esa comisión -por sus apellidos los conoceréis- , varios de los cuales estoy cierto que no tienen el menor interés en airear los amaños del pasado. Y en esas estamos esperando la muy probable retractación de don Alberto.
Albert Camus
Ese montaje debe terminar ya. Trátase de una confabulación orientada a engañar a la gente que debe dejarse de utilizar. Albert Camus, el literato y filósofo francés define El Hombre Rebelde -título de su obra más significativa- como un ser humano que sabe decir no. Es un hombre -dice Camus- que ha recibido órdenes toda su vida y que, de pronto, juzga improcedente aceptar un mandato más. Es un hombre que al fin entendió que “…las cosas han durado demasiado…” y que “…hasta aquí bueno, pero no más allá…”. Es un hombre con arrestos para advertir a los abusadores que “…han ido demasiado lejos…” y que “…llegaron a un límite que no deben franquear…”.
Conclusiones
La rectificación de esas prácticas vergonzantes debe hallar en Marco Mena, titular del Ejecutivo Estatal, y también, claro, en Elsa Cordero, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el impulso que necesita para llegar a su total derogación. En tanto líderes que son de los poderes Ejecutivo y Judicial de Tlaxcala están en aptitud de acelerar las tareas de saneamiento y limpieza ética y moral en las que me consta que ambos se empeñan. Conviene hacerlo cuanto antes para evitar que el desafecto ciudadano por la clase política mute de la simple inconformidad a esa abierta rebeldía de la que habla Camus.
Para la Primera Plana:
Debo decir que mis reservas acerca de pudiera prosperar la audaz iniciativa investigadora del diputado Amaro aumentaron exponencialmente al examinar los nombres de los legisladores integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, varios de los cuales -por sus apellidos los conoceréis- estoy cierto que no tienen el menor interés en airear los amaños del pasado. Y en esas estamos… esperando la muy probable retractación de don Alberto