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Durante décadas, el tiempo del Derecho estuvo marcado por campanas, sellos de recepción y horarios de oficina. Hoy ese reloj ha cambiado. Los plazos ya no comienzan cuando abre una ventanilla, sino cuando un servidor registra una notificación electrónica. Mientras los congresos siguen discutiendo cómo regular el futuro, el Poder Judicial de la Federación decidió empezar a vivir en él
Hace unos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso por el que se hace del conocimiento del público en general la incorporación de diversas autoridades a los modelos de interconexión digital del Poder Judicial de la Federación. Esta disposición, emitida en consonancia con la Ley de Amparo y los acuerdos regulatorios del Órgano de Administración Judicial (OAJ), marca una pauta irreversible al reloj jurídico digital. Conviene hacer una precisión. La interconexión no consiste en enviar correos electrónicos. Se trata de una comunicación directa y segura entre los sistemas informáticos de las autoridades y el Poder Judicial de la Federación. Las instituciones con infraestructura tecnológica pueden conectar sus propios sistemas; las de menor capacidad utilizan un portal web habilitado por el propio Poder Judicial. En ambos casos, las notificaciones producen los mismos efectos jurídicos.
Dicho en palabras sencillas: las notificaciones electrónicas dejan de ser una promesa y comienzan a convertirse en la regla.
La noticia es buena. Un juicio sin toneladas de papel, sin mensajeros y con comunicaciones prácticamente inmediatas significa una justicia más rápida, y menos costosa.
La diferencia no es menor. Cuando un juez federal firma electrónicamente un acuerdo, la notificación puede llegar en cuestión de segundos y, desde ese momento, comienzan a correr los plazos legales. El sistema no distingue si es viernes por la noche, domingo o día festivo. El reloj simplemente sigue avanzando.
Pero también deja al descubierto una paradoja. El problema es que muchas leyes locales fueron diseñadas para una administración que solo existe cuando abre la ventanilla.
Un ejemplo basta para entenderlo. El artículo 21 de la Ley de Amparo permite presentar promociones electrónicas hasta las 24:00 horas del último día del plazo. En cambio, normas como el artículo 19 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco siguen vinculando el cómputo de los plazos a los días y horarios en que las oficinas permanecen abiertas al público. Y así deben existir muchas otras leyes locales.
En otras palabras, el sistema federal trabaja las veinticuatro horas del día; buena parte de la legislación local sigue pensando en horarios de oficina.
La consecuencia puede ser delicada. Imaginemos que un ayuntamiento recibe una notificación electrónica un viernes por la noche. El sistema federal ya empezó a contar el plazo, aunque los funcionarios regresen a trabajar hasta el lunes por la mañana. La tecnología no espera a que abra la oficina. Y ese apenas es el primer problema.
La digitalización también deja al descubierto vacíos legales que nadie ha resuelto: instituciones locales cuyos funcionarios aún no tienen facultades expresas para actuar mediante plataformas
electrónicas; ausencia de reglas claras sobre qué ocurre cuando falla el internet o se interrumpe el suministro eléctrico; insuficiente protección de los datos personales que ahora viajarán permanentemente entre sistemas informáticos; e, incluso, la falta de criterios sobre el uso de herramientas automatizadas en la gestión judicial.
Paradójicamente, mientras el Congreso de la Unión sigue posponiendo una regulación integral sobre inteligencia artificial y gobernanza digital, otros poderes públicos han tenido que avanzar por necesidad.
No se trata de criticar la modernización judicial. Todo lo contrario. Era indispensable.
Lo preocupante es que la tecnología está avanzando mucho más rápido que la legislación. El Poder Judicial ya dio el salto al siglo XXI; muchos congresos todavía siguen redactando normas para el siglo pasado.
La justicia digital necesita algo más que servidores y plataformas electrónicas. Necesita leyes compatibles con esa nueva realidad.
Porque cuando la tecnología corre y la legislación camina, tarde o temprano alguien termina perdiendo derechos.