.
Hay una lectura que se está repitiendo con frecuencia en Tlaxcala: que Alfonso Sánchez García está obsesionado con convertirse en el candidato de Morena al gobierno del estado. Sin embargo, esa interpretación está equivocada. No es Alfonso.
El verdadero empeño está en otro lado. La apuesta por convertir al alcalde con licencia en el relevo gubernamental responde, antes que a una estrategia propia, a una decisión política impulsada desde Palacio de Gobierno. Lo que se observa es el intento de construir una sucesión controlada, en la que el candidato importe menos que la continuidad del grupo que hoy gobierna.
En esa lógica se entienden los movimientos que, desde hace meses, se comentan en los corrillos políticos. Uno de ellos apunta al entendimiento con la exgobernadora priista Beatriz Paredes Rangel, a quien distintos actores ubican como la operadora para tejer acuerdos más allá de los colores partidistas. Paralelamente, también se habla de un plan alterno que ya no pasaría por la disputa interna de Morena, sino por la elección constitucional, con la eventual participación de la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca.
Se trata de versiones políticas que explican por qué la sucesión en Tlaxcala ha dejado de discutirse únicamente dentro de Morena para convertirse en un tablero mucho más amplio.
En ese mismo entramado aparece la figura de Marcela González Castillo. Durante su estancia en la dirigencia estatal de Morena fue señalada por operar políticamente a favor de Alfonso Sánchez García. Su salida del cargo no implica el fin de esa labor. Ella seguirá desempeñando un papel relevante, ahora sin las limitaciones institucionales que implicaba dirigir al partido.
Su permanencia en la operación política es significativa porque sobre ella también han recaído señalamientos sobre presuntas presiones hacia servidores públicos de los tres poderes, ayuntamientos y organismos autónomos para favorecer un proyecto político determinado. Esos señalamientos forman parte de una percepción que ha crecido conforme se acerca la definición de la candidatura.
Quienes saben del tema tienen claro que el alcalde con licencia no es el estratega de su propio proyecto. Su papel ha sido el de ejecutar una ruta diseñada por otros. Sus movimientos, sus tiempos y sus decisiones responden más a una conducción externa que a una construcción política personal.
Todo ello indica que el respaldo institucional continuará. Los recientes cambios en la Secretaría de Educación Pública del Estado vuelven a colocar sobre la mesa el debate sobre el uso político de las estructuras gubernamentales.
El caso de José Alonso Trujillo Domínguez resulta ilustrativo. Durante su paso por la Dirección General del Colegio de Bachilleres fue objeto de señalamientos por una operación política en favor de Alfonso Sánchez García y por el uso de recursos humanos e institucionales para respaldar ese proyecto. Ahora, su incorporación a una posición relevante dentro de la estructura educativa es interpretada como un mensaje inequívoco: la maquinaria sigue en marcha.
Más allá de los nombres, lo verdaderamente preocupante es el precedente. Las instituciones públicas están siendo percibidas como herramientas para impulsar aspiraciones personales y de grupo, es decir, responden a intereses facciosos. Ese es el riesgo que hoy enfrenta Tlaxcala.
Por eso el debate no debe centrarse únicamente en Alfonso Sánchez García. Él es el rostro visible del proyecto, pero no es quien toma las decisiones fundamentales. La discusión de fondo es otra: hasta dónde puede llegar un gobierno para intentar definir a quien habrá de sucederlo y qué costo democrático tiene utilizar el peso del aparato estatal para influir en un proceso que, en teoría, debería resolverse por la voluntad de la militancia y, más adelante, de la ciudadanía. Ésa es la pregunta que hoy importa.