El Gobierno de Mariano González Zarur será señalado históricamente, porque simuló y fracasó en el combate contra la trata de mujeres.
Organizaciones civiles de Tlaxcala indican que es responsabilidad de un gobierno que oculta información e implementa una política de simulación
Tlaxcala, Tlax; a 13 de abril de 2016.- En su décimo tercer informe del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., p se denuncia que las instituciones de gobierno han dejado de ser garantes en su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en Tlaxcala.
El acceso a la justicia no solo es un calvario, sino una puerta casi inexistente para las personas que sufren atropellos, por el contrario existe una total impunidad y falta de acceso real a la justicia para todas y todos.
El quehacer frente a las graves problemáticas de violación a los derechos humanos y de los pueblos, preocupaciones y retos, caminos que hemos hecho junto con los Comités de la Pastoral de Derechos Humanos, las Organizaciones, los grupos de Pastoral Social.
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LA TRISTE Y PENOSA REALIDAD
En Tlaxcala, el desvío de poder y la omisión del gobierno para aplicar las leyes y políticas públicas, establecidas para erradicar toda forma de violencia hacia la mujer, sigue generando que a las mujeres se les desaparezca, explote sexualmente o incluso se les asesine por razones de género.
El aumento de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en el estado de Tlaxcala y las graves repercusiones a nivel Nacional e Internacional, evidencian la corrupción e impunidad que existe en el gobierno de Tlaxcala, que oculta información y simula. Nos duele constatar la expansión de las redes de Trata en nuestro Estado.
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En el año 2014 desde el Centro Fray Julián Garcés, realizamos un sondeo de percepción ciudadana, sobre la situación de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, el dato más grave fue constatar, que este grave problema se ubica en 35 municipios, es decir, más de la mitad del territorio Tlaxcalteca, lo cual indica que ha crecido respecto a 2008, cuando la Dra. Patricia Olamendi Torres señaló la presencia de la trata en 28 municipios.
Como ciudadanía hemos dado seguimiento al actuar de los gobernantes. Todos los avances contra este grave delito, que atenta contra lo más sagrado que es la dignidad de las personas, la mayoría de ellas niñas, ha sido producto de la lucha ciudadana, especialmente de las Organizaciones Impulsoras de la Iniciativa Popular.
Gracias a esta lucha ciudadana, Tlaxcala cuenta hoy con Leyes, una Estrategia y un Plan Sexenal contra la Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, a pesar de todas las trabas, corrupción e impunidad, con que nos hemos enfrentado.
Como ciudadanía ejercemos el derecho pleno, de conocer y evaluar las acciones que el gobierno implementa para enfrentar este delito.
OPACO GOBIERNO DE MGZ
Nos hemos topado con la acción sistemática de parte del gobierno para ocultar la información. En 2014 sin ningún argumento, determinó que se reservaba la información respecto a las acciones derivadas del Plan Sexenal contra la Trata de personas, por doce años.
Esta acción ilegal, fue avalada por la Comisión de Acceso a la Información Pública en el Estado (CAIPTLAX), situación que nos llevó a realizar un juicio de amparo. El cual en la sentencia determinó, que para negar la información debería fundamentar las razones.
En julio de 2015, después de 3 reuniones de sesión extraordinaria, del Consejo Estatal contra la Trata, determinó nuevamente reservar la información por 12 años, argumentando que al hacerla pública pone en riesgo a las víctimas, cuando dicha información no tiene que ver con datos personales de las víctimas y muchos de los elementos solicitados, en su naturaleza está el ser público: como las cartillas sobre causas y consecuencias de la trata, que deben ser distribuidas en las escuelas, como un medio de prevención.
Esto llevó nuevamente a un proceso judicial de revisión, en donde se determinó que la CAIPTLAX debería emitir su valoración en torno a la reserva.
En recientes días esta instancia, reconoció que a excepción de las Cartillas de delincuentes previamente identificados que se reserva por 5 años, toda la demás información no puede ser reservada, así lo confirma en la sentencia.
Con esto podemos afirmar que el gobierno está actuando de manera ilegal, pues la propia ley de acceso a la información, señala que las reservación de información no puede hacerse de manera generalizada o cuando los documentos no existen, y el gobierno así lo ha hecho.
Lo que observamos de fondo, es que el gobierno no quiere reconocer su inacción durante los 5 años que ha estado en funciones, porque eso demuestra y confirma su responsabilidad y complicidad ante el agravamiento en el problema de la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual.
COMPLICIDAD EN TODOS LOS NIVELES
Nos enfrentamos también a la colusión y subordinación de las diferentes instancias al poder ejecutivo, para excluir a la ciudadanía de los procesos de definición y evaluación de la política pública.
Así lo constatamos en la acción realizada por la diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández, quien el 5 mayo de 2015, presento una iniciativa de reforma a la Ley para la prevención de la trata de personas para el estado de Tlaxcala, donde propone que las organizaciones sean consideradas sólo invitadas, y que al ser invitadas solo tengan derecho a voz pero no a voto, como lo establece la actual Ley.
Es importante mencionar que la iniciativa, no solo atenta contra el derecho a la participación ciudadana, sino también demuestra el desconocimiento en el tema; no reconoce los principios de progresividad, convencionalidad y pro-persona; y de fondo, la iniciativa desvía la obligación que tiene el actual Congreso del Estado, es decir la de llamar a las diversas instituciones del ejecutivo y órganos autónomos, para informar de la ejecución de acciones para enfrentar la trata de personas y en caso de ser omisas hacerlo público.
GOBIERNO INCAPÁZ
Lamentablemente este gobierno no ha sido capaz de proteger y atender a las víctimas de trata y eso se constata en el alto número de denuncias recibidas (185) y el mínimo número de sentencias alcanzadas (12); se ha negado a implementar acciones que prevengan a las jóvenes potenciales víctimas y a los jóvenes, quienes pueden llegar a convertirse en consumidores.
Incluso en tratantes; ha sido incapaz, o no ha querido, concretar las sanciones a las redes de tratantes, no ha extinguido los lugares utilizados para la explotación o producto de ella.
Por esto el gobierno de Mariano González Zarur será señalado históricamente, como un gobierno que simuló y fracasó en el combate contra la trata de mujeres y niñas. Nos queda claro que ciudadanamente estamos obligados y obligadas a continuar visibilizando estas omisiones y simulaciones a nivel nacional e internacional.
En nuestra lucha histórica contra la trata, hemos pasado por gobiernos que negaron, minimizaron o como este que simulan, ello nos ha hecho aprender que la esperanza de otro mundo, sin violencia y explotación hacia las mujeres, no está en las estructuras gubernamentales sino en el fortalecimiento de las comunidades, en su capacidad organizativa, de denuncia, exigencia e incidencia. Como Organizaciones de la Iniciativa Popular, planteamos que nuestra lucha debe incorporar los siguientes principios:
• Reconocer los valores y la fuerza de los pueblos y comunidades.
• Valorar el verdadero sentido de los usos y costumbres de los pueblos que resguardan la dignidad de la persona.
• Partir de la igualdad en el ejercicio de los derechos.
• No justificar de ninguna manera, la violencia hacia las mujeres.
• Buscar siempre la libertad y justicia para las mujeres.
• Nuestro compromiso parte del sentir y de la compasión humana.
• Incorporar en el proceso, la descolonización.
• En nuestro contexto debemos cuestionar la “libertad” de las mujeres y niñas que se prostituyen, pues la prostitución muchas veces es resultado de los sistemas de opresión.
• Quitar la idea de la buena y la mala mujer.
• Es posible otra forma de ser hombre, que no se crea superior, que no explote y que no ponga al Centro la violencia y el dinero.
• Partir siempre del principio de la dignidad de la persona y la comunidad.
Si como ciudadanía continuamos siendo indiferentes ante esta realidad, es muy probable que las víctimas estén cada vez más cerca de nosotros y nosotras. Hoy es una desconocida la mujer violentada, mañana será alguien del municipio, luego una vecina y un día resultará ser algún familiar.
Si no desarrollamos nuestra capacidad de organizarnos solidariamente, para exigir que el Estado cumpla con su función de proteger, promover y garantizar los derechos humanos, estaremos condenados y condenadas, a que un día esa violencia nos alcance.
La trata de mujeres y niñas sigue siendo uno de los rostros sufrientes de Cristo que desde el silencio y el dolor nos grita, nos súplica, nos exige compromiso y liberación. Retomemos lo más grande que tenemos en nosotras y nosotros, que es nuestra dignidad de personas y de pueblos, la capacidad de salir de nosotras y nosotros mismos al encuentro de las y los demás, para solidarizarnos en una misma y única lucha, contra la deshumanización del mundo que es nuestro.