Entonces sí se puede.
Hace un par de días, presenté a nombre propio y del Grupo Parlamentario del PRD una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción X del artículo 5, la fracción VI del artículo 10 y el artículo 27, todos de la Ley General de Desarrollo Social y crea la Ley General del Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales.
De manera constante, se ha señalado desde el Senado de la República, la necesidad de implementar mecanismos que inhiban el uso indebido de los programas sociales.
Reiteramos que existe un consenso en la necesidad de ir más allá del control parlamentario y de procedimientos, de la auditoria y la vigilancia, para dar lugar a los mecanismos de control y evaluación orientados a mejorar el desempeño gubernamental.
Por ello, proponemos reformar la Ley General de Desarrollo Social, con la finalidad de trascender la idea del “Padrón” de beneficiarios y, derivado de esta reforma, crear una Ley que establezca el Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales, entendido como un instrumento de información del Sistema Nacional de Desarrollo Social, que tiene como propósito organizar y concentrar en una base de datos electrónica la información que permita identificar a todas las personas y familias cuyo ingreso mensual por persona sea igual o menor al establecido en la Línea de Bienestar.
La creación de esta base de datos a nivel nacional permitirá, en primer lugar, identificar a todas las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad por sus condiciones socioeconómicas y conocer los apoyos de todos los niveles de gobierno a los que tienen acceso, si es el caso, con la finalidad de establecer un orden y una coordinación entre la seguridad social, los servicios sociales y los programas asistenciales, evitando tanto las duplicidades como la exclusión de familias que los necesitan y no cuentan con ellos. Así, se lograría una focalización efectiva de los beneficiarios actuales y potenciales de los programas sociales.
Es una respuesta ante la ausencia de una política social global y articulada, que permitirá graduar las intervenciones gubernamentales en materia social y su cobertura, según las necesidades y características del hogar, de la familia y sus integrantes.
La información registrada servirá de sustento y fuente para el diseño, la planificación e implementación de la política social, así como para la evaluación de su impacto en el desarrollo de las familias, al permitir dar seguimiento y sistematizar sus resultados. Con ello, se daría un salto cualitativo en la evaluación de la política social, al pasar de evaluaciones operativas y de cumplimiento de metas según el presupuesto de programas específicos, a la evaluación de impacto.
Es una propuesta que le apuesta al papel central que jugarán los gobiernos municipales, donde la participación ciudadana será fundamental para el levantamiento y actualización de la información, por lo que sólo se requiere generar sistemas de incentivos a la gestión municipal para que participe de manera activa en el Registro Único.
Aunado a lo anterior, este mecanismo sería un paso fundamental hacia la gestión compartida y coordinada de la política social. Aún cuando se cuenta con la experiencia de los padrones de beneficiarios como el del Programa Oportunidades, por mencionar un ejemplo, se trata de extender su uso hacia todos los programas sociales en todos los niveles de gobierno.
El Registro está concebido para convertirse en el instrumento obligatorio para la selección automatizada de los beneficiarios de los programas sociales, así como para dar seguimiento al desarrollo de las familias, entendidas estas como la “unidad nuclear, eventualmente ampliada por otros individuos que con ella poseen lazos de parentesco o de afinidad, que forma un grupo doméstico que vive bajo el mismo techo y que se mantiene por la contribución de sus miembros”.
El Gobierno Federal tiene la responsabilidad de diseñar y apoyar la implementación del Registro Único, estandarizar los procesos y financiar la inversión inicial, en acuerdo con las Entidades Federativas, los municipios y las delegaciones políticas.
Por su parte, las Entidades Federativas, los municipios y las delegaciones políticas deberán coordinar las acciones necesarias para el levantamiento y actualización de la información, pero se delega a los municipios y las delegaciones, los gobiernos más cercanos a la gente, la responsabilidad de la información que se ingrese a la base de datos.
También señala claramente los datos mínimos necesarios que contendrá el Registro y señala que éstos deben ser estrictamente de carácter socioeconómico y no de otra índole.
La ley señala que la información que proporcionen las familias es autodeclarada y no requiere cotejo documental, ya que el Responsable de la Unidad Familiar firma declarando la veracidad de los datos proporcionados y se compromete a notificar cualquier cambio en la situación familiar que amerite actualizar los datos en el Registro Único.
El Sistema deberá contar con mecanismos de seguridad e integridad de los datos, así como mecanismos de verificación y validación que aseguren la confiabilidad de la información.
Además, debido al tipo de datos que incluye la base, se deberá poder acceder a estadísticas para el seguimiento y evaluación de los programas sociales.
El Registro Único permitirá disponer de información verificable, reduciendo la posibilidad de manipular los datos, gracias al Número de Identificación Social y a los mecanismos de verificación y validación que la misma Ley establece.
La propuesta que presenté, contribuirá a la transparencia de todos los procesos de implementación de la política social en los tres niveles de gobierno, al unificar en un sólo sistema toda la información que permita hacer una eficiente asignación de beneficios, de forma automatizada y conforme a los criterios de ingreso al programa, ya que prioriza el acceso bajo criterios estrictamente socioeconómicos y desde una perspectiva de derechos, con miras a eliminar la generación de clientelas y el manejo político-electoral de los programas sociales.
Pero no sólo se requiere un mandato de ley, que en otros países de América Latina ya existe, sino la voluntad política de hacer del discurso de la transparencia y la rendición de cuentas, al que todos los gobiernos recurren, una realidad. Esta voluntad será la clave para el éxito del Registro Único y dado que en reiteradas ocasiones los Ejecutivos Federal y Estatales se han pronunciado en favor del blindaje de los programas sociales, no vemos argumento que se oponga a la institucionalización del Registro. Entonces sí se puede.