Domingo, Octubre 12, 2014
- Fuerzas de seguridad del estado… ¿presuntas autoras de crímenes de lesa humanidad?
- Ni pobreza ni necesidad explican la saña inaudita con que actúa el crimen organizado
- ¿Hasta dónde ha penetrado la delincuencia en estados, municipios y partidos políticos?
Me referiré a los trágicos episodios en que perdieron la vida medio centenar de jóvenes de la normal de Ayotzinapa, pero no lo haré para describirle, amigo lector, los pormenores del suceso; seguro de ellos está usted bien enterado. Prefiero acercarme a esos hechos -y a los igualmente sangrientos de Tlatlaya- para reflexionar en la inquietante circunstancia que los equipara: los asesinatos fueron cometidos por miembros de distintos cuerpos de seguridad del estado, concretamente por policías municipales en la entidad guerrerense, y por soldados en la mexiquense. Ese denominador común es el que, tanto como la barbarie presente en los acontecimientos mismos, ha de preocupar a sociedad y gobierno.
¿En quien se puede confiar…?
Es obvio que no debe medirse con igual rasero a un policía municipal que a un soldado del Ejército Nacional. Mal haría en hacerlo, pues el equipo, la disciplina y el entrenamiento de un gendarme no se comparan con la preparación que se le da a un integrante de las fuerzas armadas. Pero lo que no puede negarse -las evidencias están en Tlatlaya y en Iguala- es que las balas de unos y otros tienen los mismos letales efectos. Por eso, gobernantes, mandos militares y partidos políticos han de extremar sus cuidados para evitar que accedan a cargos de poder sujetos con obvios historiales criminales; cuando por lenidad o por intereses no lo hacen, conscientemente le abren las puertas a la irracionalidad.
Crueldades que parecen de ficción
¿O de qué otra forma ha de calificarse que un joven inerme, detenido por la policía, amanezca al otro día muerto en la calle, desollado, sin la piel del rostro y vacías las cuencas de los ojos? ¿qué le pide esa acción a la crueldad escenificada en el Medio Oriente por islamistas, degollando a sus presos arrodillados? Lo que siguió con los normalistas excede toda comprensión: presumiblemente incinerados y sepultados en fosas clandestinas. Y no eran uno ni dos… ¡fueron cuarenta y tres! ¿De qué tamaño eran las piras y a que ritual macabro -y acaso ancestral- pertenecen esas prácticas? Un instinto que diferencia al hombre de la bestia es la ferocidad, mas al parecer, nuestra realidad los iguala y los confunde.
Justicia mesurada y proporcional
Dar seguridad a la ciudadanía es imperativo principal de todo gobierno. Aunque a veces se olvide, hay que recordar que para eso se constituye. Imponer el orden es pues, parte de una función en cuyo desempeño debe privar un estricto sentido de la mesura y la proporcionalidad. Verdad es que las gavillas de delincuentes -como la aniquilada en Tlatlaya por el Ejército- afectan la tranquilidad de las comunidades donde operan. Y cierto es también que el vandalismo de los normalistas -como los de Ayotzinapa masacrados en Iguala por la policía- tenían a la ciudadanía en general al borde del hartazgo. Mas ni aquellos -los de Tlatlaya- debieron ser ejecutados, ni estos -los de Iguala-, asesinados sin piedad.
La solución militar… ¿transitoria o permanente?
En pos de explicaciones a los deleznables hechos topamos con temas a los que, hasta ahora, no se les halla solución: las fuerzas armadas están en la calle combatiendo el delito porque las policías municipales, estatales y federales, o son cómplices del crimen organizado, o son incompetentes para detener su embate. Y pese a violentarse el precepto constitucional que lo prohibe, no hubo otro salida que acudir transitoriamente a la alternativa militar, en tanto los cuerpos policíacos de los tres órdenes de gobierno se depuraban mediante exámenes de confianza, y se les entrenaba y equipaba adecuadamente. Más pasaron los años y, salvo contadas excepciones, el objetivo no se ha podido alcanzar.
¿…y los derechos humanos?
Y así se llega a Tlataya y a Ayotzinapa. Un destacamento militar adiestrado para la guerra fusila sumariamente a 22 presuntos delincuentes, y una policía municipal subordinada a un narco en funciones de alcalde, mata a seis estudiantes y entrega a otros 43 a sicarios del crimen con la instrucción de eliminarlos. La realidad abona el pesimismo colectivo, y da la razón a quienes avisaron hace tiempo que México iba camino de convertirse en un narcoestado. Soy de la opinión que aún estamos lejos de llegar a ese punto…, pero de que sí hay narcomunicipios ya nadie tiene duda. Ahí está el caso incontrovertible de Iguala, y quizá de varios más en Guerrero y Michoacán, y en algunas otras entidades de la República.
Revisión a fondo del sistema
Es necesario profundizar en los antecedentes que dieron lugar a los execrables sucesos en comento. Para empezar, ha de discernirse si son acontecimientos excepcionales, o se trata de casos que podrían reiterarse porque es el propio sistema que gobierna el que los tolera y propicia. En Tlatlapa debe examinarse la línea de mando de la jerarquía militar hasta dar, no con quien concretó directamente el exterminio -un cabo o un sargento- sino con quien pudo haber alentado la idea de que, en “ciertas circunstancias”, es viable actuar sin reparar en la ley. Pero haya sido por una causa u otra, me inclino a creer que, merced a la presión internacional, será muy difícil que ocurran más casos como el de Tlatlapa.
Catarsis de los partidos políticos
En Ayotzinapa, el hilo de la madeja es político y, por tanto, más largo y enredado. El acceso de elementos asociados al crimen organizado a cargos públicos de relevancia pone en predicamento a los partidos por la evidente falta de rigor que exhiben en sus procesos internos selectivos o, peor aún, porque deliberadamente postulan a delincuentes conocidos. En ese caso, hay también que ascender por la pirámide de poder del partido involucrado hasta llegar al responsable de cobijar con sus colores a un sujeto -el alcalde de Iguala- del que se sabían sus nexos con el narco. Y si se sigue tirando del ovillo aparecerá el gobernador del estado, cuya hipócrita pasividad es inocultablemente sospechosa.
PRD… ni perdón ni absolución
¿Quién sugirió que un vulgar matón fuera candidato a una alcaldía de importancia? ¿quién se calló? ¿quién lo postuló? ¿quién toleró sus excesos? ¿quién lo encubrió? ¿quién, en fin, está coludido en este historia de sangre que nos exhibe ante el mundo como un país bárbaro? La fuerza íntegra del gobierno federal se ha volcado en Iguala para esclarecer lo acontecido, y entregar a la justicia a los responsables. Y al PRD -que quede claro- no le basta con pedir perdón; ningún acto de contrición hará olvidar la ligereza convenenciera con que suma a sus filas a todo tipo de gente con capital -político o económico- que le garantiza éxitos electorales. Cerca ya de una nueva elección, en el pecado llevará la penitencia.