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Domingo, Octubre 26, 2014
Las movilizaciones sociales son actos espontáneos de la población que tienen por objeto manifestarse en contra de acciones sectarias incubadas por el gobierno. Tal situación la vivimos con la desaparición de 43 jóvenes normalistas que fueron privados de su libertad por elementos de seguridad pública en el municipio de Iguala, Guerrero.
En la mayoría de los estados de la República Mexicana se efectuaron y siguen replicándose movilizaciones para demandar la localización de los estudiantes normalistas, expresión solidaria que trascendió las fronteras de nuestro país y fue retomada por más de 100 ciudades en el mundo, entre ellas: Buenos Aires, Rosario, Neuquén, Sao Paulo, Santiago, Bogotá, Lima, Montevideo, San Salvador, Managua, Tegucigalpa, San José, Austin, Houston, Los Ángeles, Seattle, Nueva York, Chicago, Montreal, Milán, Barcelona, Madrid, Valencia, Edimburgo, Londres, Manchester, París, Marsella, Oslo, Copenague, Lisboa, Praga, Estocolmo, Ginebra, Nueva Delhi, Tokio y muchas más. Sin duda alguna que la solidaridad internacional dejó al descubierto el virus destructivo que impera en todo el territorio nacional, y el caso Ayotzinapa es una muestra contundente del barril de dinámica sobre el que vivimos millones de mexicanos.
El Gobierno Federal fijó como principal prioridad, desde el inicio de su gestión, evitar la difusión de notas relacionadas con el crimen organizado, dándole preferencia a las llamadas Reformas Estructurales. Después de la aprobación de todas esas reformas que transitaron por la vía fast track, sin el más mínimo intento por discutir el contenido de las mismas, México era considerado, por la prensa extranjera, como el oasis de la prosperidad. Ahora resulta que la ficción fue de muy corto plazo, siendo superada por la cruenta realidad del crimen organizado que azota a un porcentaje mayoritario del territorio nacional.
Hoy en día se duda de la viabilidad de esas Reformas Estructurales por la superioridad, mostrada en los hechos, de las organizaciones criminales vinculadas estrechamente con los gobiernos en sus tres niveles de gobierno. El caso de Iguala ejemplifica claramente el desprecio del Gobierno Federal por enfrentar cara a cara el flagelo del narcopoder, situación que tiene su natural explicación en la simbiosis existente entre impunidad y corrupción de la que es parte el mismo Estado.
Se cumple un mes de los hechos lamentables suscitados en el municipio de Iguala y no hay noticias de los 43 normalistas secuestrados, mientras tanto en los discursos oficiales se retoma la gastada retórica de “llegar hasta las últimas consecuencias”, pero las evidencias denotan la administración de la desgracia como parte de la estrategia oficial. Un pequeño antibiótico ha sido la licencia del ahora ex gobernador Ángel Aguirre, pero eso de nada servirá si no existe la voluntad política y legal para llegar con los verdaderos autores intelectuales y materiales. La versión oficial de inculpar únicamente al ex alcalde y esposa presagia una nueva versión del asesino solitario en el caso del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, cualquier semejanza con la Dictadura Perfecta es pura VERDAD.
Lo que sí es palpable es el despertar de la población ante el manejo tergiversado de los hechos para caer nuevamente en la impunidad. Las señales signan una hoja más al largo expediente de los perdones concedidos entre políticos y criminales, el caso Iguala ha puesto en jaque a varios encumbrados políticos que intentaron acomodar ad hoc las piezas de un rompecabezas kafkiano, pretensión no concretada debido a las Benditas Movilizaciones Sociales.
El despertar ciudadano es muestra natural del hartazgo por la política y los políticos, no en todos los casos, ante el extenuante deterioro producido por los falsos redentores de los intereses colectivos. La corrupción, impunidad, extorsión y demás figuras institucionalizadas desde el poder mismo han socavado la poca credibilidad de la población en las autoridades, a grado tal de invocar la presencia e intervención de organizaciones internacionales que inyecten dosis urgentes de certeza.
En los gobiernos federal, estatales y municipales la impunidad y corrupción son monedas que circulan con fluidez estrepitosa, no hay respeto por la ley ni mucho menos por la ciudadanía. Las arcas públicas son tomadas como cuentas bancarias personales para satisfacer excentricidades egocéntricas; lujurias repletas de “Montanas”; “Moches” legislativos; “Vaquitas” para soñolientas precampañas gubernamentales; “Propinas” para aprobar cuentas públicas negativas; “Chonchas” subvenciones con el propósito de aprobar leyes y cuyos vasos comunicantes enlazan a los poderes Ejecutivo con el Legislativo, en los ámbitos federal y local. Ante tan variopinto catálogo de aberraciones, las Movilizaciones Sociales son indispensables.