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Los errores de dedo parece ser han sido los perpetradores de contaminar la legislación electoral recién aprobada en la Cámara de Diputados local. Los dedos son los culpables de tener textos constitucionales que desvirtúan la esencia conceptual de innumerables supuestos en materia político-electoral.
El Congreso local ha sido una reedición de todo lo que no se debe hacer, en lo que va de sus funciones no se ha visto algo que lo distinguida de las anteriores legislaturas. Salvo honorables excepciones, la mayoría de los congresistas locales han tomado como simple trampolín político la posición dentro de la Cámara de Diputados, no hay duda que el trabajo productivo no choca con la posibilidad de aspirar a otra posición, pero por desgracia de nueva cuenta se observa que la protección a la impunidad sigue siendo la moneda de cambio para encauzar futuros proyectos “personales”.
La presente Legislatura local ha tenido, desde su inicio, una severa crisis de credibilidad, incrementándose día a día y sin el menor interés de rectificar el erróneo rumbo asumido. Por el contrario, conforme avanza el periodo constitucional para el que fueron elegidos los temas legislativos se declaran inexistentes, lo que persevera son los pretextos y los yerros en el exiguo trabajo legislativo.
Muy en el olvido quedaron las románticas escenas que varios legisladores protagonizaron con los electores en tiempos de campaña, la sonrisa “sincera”, al abrazo recurrente, el desafío a los rayos directos del sol, todo ello pertenece al libro de las simulaciones y recuerdos.
El reparto de las plazas sindicales fue uno de los más deleznables actos de corrupción protagonizados por los actuales legisladores, el problema radicó en la operación hecha en lo más oscuro y recóndito de las esquinas del Palacio Legislativo. Tuvieron que filtrarse grabaciones y ratificaciones del propio personal de aquel centro de trabajo para darle validez a lo efectuado por una mayoría de diputados, evidenciando el doble lenguaje utilizado por los congresistas.
La reducción a las diputaciones locales despertó un clima de polémica que todavía persiste, al grado de enterarnos que los propios legisladores, la mayoría que aprobó tal disposición, no sabían ni saben en qué consistió la disminución de los espacios de representación popular.
Ahora con las modificaciones a las leyes secundarias electorales, nuevamente resulta que los diputados aprobaron los dispositivos legales pero sin saber el contenido y repercusiones. Por ahí ya surgió una disputada entre legisladores con el titular local del Instituto Nacional Electoral, dando como resultado que ya no fueron únicamente los dedos los que se equivocaron sino ahora fueron los integrantes del árbitro electoral nacional los culpables. El santo inquisidor fue un diputado panista quien, además de ostentar la presidencia de la Comisión de Asuntos Electorales, resultó ser el único que no tuvo vela en el entierro del galimatías en el que se encuentra el “broncón” electoral. Como “puro y santo” se presenta el verdadero autor del entuerto legal que poseen las leyes secundarias en materia electoral, lavándose las manos y dirigiendo la responsabilidad al INE.
Los dedos sustituyen la calidad ética y moral del diputado panista.