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Domingo, Febrero 22, 2015
La situación económica en el país va de mal en peor, el último reporte sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2014 registra el lamentable 2.1 por ciento, contrario a lo prometido tajantemente por el actual gobierno federal que consideraba la tasa por arriba del 4 por ciento. Un golpe más a la ya menguada credibilidad de la administración federal, acumulando en su récord un histórico rechazo social por la celeridad en su deterioro a escasos dos años de iniciado el sexenio.
Los recortes presupuestales son la nota en materia económica, lo que impacta reiteradamente en la economía de los millones de familias mexicanas. El sector privilegiado de las grandes empresas no tienen tanta preocupación por las políticas económicas imperantes, son ellos los que poseen impolutos sus privilegios y la garantía de tener a un gobierno federal aliado y socio de los grandes capitales.
En el transcurso de un bienio el peso ha sido severamente vapuleado frente al dólar llegando a costar, al día de hoy, $15.30 pesos por cada billete verde. En todos los terrenos se observa un progresivo deterioro de las condiciones socioeconómicas en nuestro país, no hay confiabilidad en las autoridades que no atinan a dar explicaciones moderadamente convincentes, por el contrario cada vez denotan una incapacidad crónica y mortal.
El pronunciamiento del ex presidente de la República, Vicente Fox, que no hace mucho calificaba al actual Ejecutivo Federal como un espíritu santo del progreso y la justicia social, ahora resulta que mediante una declaración de ajedrez lo sentenció al jaque mate. Muy pronto se desmorono en desencanto de los aliados al régimen federal priista, las expectativas virtuales construidas se difuminaron en un abrir y cerrar de ojos. La luna de miel concluyó de manera trágica y ahora el divorcio es inminente.
De manera sorpresiva las autoridades del gobierno federal han entrado en una zona de confrontación permanente y de decisiones autoritarias, tal es el caso de la estrategia asumida para dilatar y mermar el proyecto de la Fiscalía Anticorrupción. Los diputados, siervos del gobierno, pretenden una institución parcial y subordinada a los designios del presidente de la República, una extensión más del organigrama oficial y encubridora de toda la corrupción imperante.
El contubernio entre el PRI y el PVEM ha dado al traste al árbitro electoral (Instituto Nacional Electoral), instancia que dejó de ser el baluarte de las justas electorales, convirtiéndose en estación de complacencias de las organizaciones partidistas referidas. El avance democrático, logrado con gran esfuerzo, se replegó a los enormes intereses económicos y de control político ejercido por el PRI-gobierno.
En medio de todo este caos, la entidad tlaxcalteca también tiene sus propios actos de descomposición político-administrativos y para mejor ejemplo lo que ocurre con la integración del Tribunal Superior de Justicia. Lo curioso es que la confrontación se esté dando entre dos poderes, Ejecutivo y Legislativo, y el verdaderamente interesado, el Judicial, se ubica en la parte posterior de su propio escenario. Coincido con la propuesta de habilitar al magistrado que cubre funciones en el Consejo de la Judicatura, la coyuntura de renovar a uno cae como anillo al dedo para regularizar la integración total de dicho poder y en aras de oxigenar y optimizar los recursos presupuestales de tal institución.
Lo que se observa, en el caso del Tribunal Superior de Justicia, es la intención de convertir en PRIbunal a la máxima instancia de impartir legalidad entre la ciudadanía tlaxcalteca. El Poder Ejecutivo debería de tomar en consideración la oportunidad de contribuir al saneamiento económico y funcional del Poder Judicial.