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Los escándalos de la élite burocrática en nuestro país continúan a la orden del día, la “helicopteritis” tuvo su apogeo en la última semana al grado de presentar su renuncia el director General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), David Korenfeld, debido a la tentación de usar por 8 minutos una aeronave oficial para asuntos eminentemente personales.
Ahora la cloaca sigue evidenciando más propiedades inmobiliarias, tocando su turno al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien pertenece al club de los poseedores de magnas mansiones en la exclusiva zona de las Lomas de Chapultepec. Nuevamente resultó ser un empresario constructor el médium que logró abastecer de dos mansiones al titular de la Secretaría ya mencionada, la suma de ambas propiedades rozan los 100 millones de pesos. El proceso para adjudicarse ese patrimonio coincide con el que utilizó la esposa del presidente de la República, es decir, los contratos para obras multimillonarias concedidos por el entonces gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, le permitieron ser beneficiado con sendas moradas y cuyos avalúos catastrales no cuadran con los ingresos percibidos por el ministro de Gobernación en vigencia. La equidad de género, en todas las operaciones financiero-inmobiliarias, es un hecho inobjetable e incuestionable tanto con el presidente de la República como con el responsable de la política interna del país, al ser las esposas las propietarias de tan modestos bienes inmuebles.
Otro funcionario federal congraciado con las viviendas en las Lomas de Chapultepec es el subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava, cuyo solar abarca 693 metros cuadrados con valor de 55 millones de pesos, eso únicamente cubre el costo del terreno. Pero lo más impresionante es la edificación que se encuentra en plenas maniobras, lo que denota la “prosperidad” del grupo gobernante y la honestidad como sello característico.
Las revelaciones del portafolio de bienes inmuebles del Gobierno Federal es producto de una exhaustiva investigación periodística a cargo de la revista semanal Proceso, por lo cual se recomienda ampliamente su adquisición y difusión correspondiente.
Hace poco tiempo el gobernador de Tlaxcala hizo saber que la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) impulsaría ante el Senado de la República, en su calidad de presidente de dicho cuerpo colegiado, la iniciativa para darle formalidad constitucional a dicho organismo. Es evidente el desconocimiento del gobernador sobre la existencia del antecedente legislativo, para dar participación a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) en la Planeación Nacional del Desarrollo y cuya iniciativa fue promovida por la entonces diputada federal Minerva Hernández Ramos, en la sesión de la Comisión Permanente del 17 de agosto de 2005. En la exposición de motivos se destaca: “El Federalismo mexicano encuentra en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), uno de sus mecanismos de expresión más importantes para la armonización fiscal, así como para la mejor recaudación y administración de los ingresos públicos, y cuyos antecedentes se encuentran en las Convenciones Fiscales de 1927, 1933 y 1947”. “…en consideración a que la Conferencia Nacional de Gobernadores se ha convertido en una expresión de la transformación política del país, que impulsa la promoción del desarrollo social en los ámbitos nacional, estatal, regional y municipal, actualizando las relaciones interinstitucionales, con respeto y colaboración entre los órdenes de gobierno, y con el firme propósito de reafirmar el superior compromiso de las entidades federativas con el Pacto Federal e impulsar un proceso político de auténtica descentralización y el fortalecimiento del federalismo en todos los órdenes y en todas las regiones, proponemos consolidar la Conferencia Nacional de Gobernadores, mediante su incorporación en la Planeación Nacional del Desarrollo, con la adición del artículo 26 constitucional, garantizando su permanencia como un espacio plural que contribuya al fortalecimiento del federalismo con el propósito de atender las necesidades colectivas, equilibrar, armonizar y estimular el crecimiento económico de nuestras entidades federativas, de nuestras regiones y municipios, en el marco de un verdadero diálogo y concertación con los poderes federales”.
Sin duda alguna la CONAGO representa, en los hechos, un verdadero contrapeso para fortalecer el desarrollo sustentable y equitativo de las regiones y para ello es imprescindible su incorporación en la Carta Magna.