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En Tlaxcala vuelve a instalarse una práctica que muchos ciudadanos creyeron superada: la utilización de las instituciones públicas para favorecer proyectos personales y construir candidaturas anticipadas al amparo del poder. La sombra del uso indebido de recursos públicos y de la coacción laboral se cierne nuevamente sobre el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, y lo hace en uno de los espacios más sensibles para la vida pública: la educación.
Las denuncias que hoy pesan sobre el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala no son menores. El señalamiento contra su director general, José Alonso Trujillo Domínguez, apunta a la presunta operación de un esquema de movilización y acarreo para apuntalar las aspiraciones políticas del alcalde capitalino Alfonso Sánchez García. Lo más delicado no es únicamente el activismo político desde una institución educativa, sino el uso de la presión laboral como mecanismo de control.
Docentes y trabajadores administrativos habrían sido obligados a participar en actividades ajenas a sus funciones institucionales, precisamente en el contexto de la celebración del Día del Maestro. A ello se suma una práctica todavía más preocupante: la exigencia de cuotas económicas para financiar gastos relacionados con dichas actividades.
Lo alarmante es que no se trata de un hecho aislado. El antecedente existe y es público. El medio La Bestia Política ya había documentado anteriormente señalamientos similares, al grado de que el propio Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) emitió medidas cautelares para ajar información de sus redes sociales. Aquella decisión resultó sorprendente porque implicaba reconocer, aunque fuera de manera indirecta, que existían elementos suficientes para intervenir.
Sin embargo, el tiempo ha terminado por exhibir una contradicción profunda. El órgano electoral que encabeza Emmanuel Ávila González parece haber transitado de la obligación constitucional de garantizar equidad, a una posición de permisividad frente a los excesos del poder político. Y eso tiene consecuencias devastadoras.
Hoy no solo está cuestionada la figura de la presidencia del ITE. Lo que se encuentra deteriorada es la credibilidad completa del organismo. Más aún porque su decisión de no sancionar a través de medidas precautorias, el fenómeno de la coacción se extiende hacia otras dependencias estatales, organismos autónomos e incluso distintos Poderes.
El mensaje que terminó enviándose es peligroso: que el aparato público puede ponerse al servicio de intereses facciosos sin consecuencias reales.
Ese no fue el compromiso que dio origen a Morena. El movimiento que prometió transformar la vida pública del país se construyó bajo principios muy claros: no robar, no mentir y no traicionar. Cuando desde el poder se utilizan estructuras gubernamentales para promover aspiraciones personales, se traiciona precisamente aquello que se prometió combatir.
La inconformidad social comienza a crecer porque la ciudadanía percibe un divorcio cada vez más evidente entre el discurso y la realidad. Mientras miles de tlaxcaltecas enfrentan problemas cotidianos de inseguridad, falta de oportunidades y precariedad laboral, ciertos grupos políticos parecen más preocupados por asegurar la sucesión y repartir posiciones.
Pero existe otro elemento que lastima profundamente el ánimo social: la constante incorporación de personajes provenientes de otras entidades federativas para ocupar espacios estratégicos en Tlaxcala. El caso del poblano que hoy encabeza el COBAT se ha convertido en símbolo de esa molestia acumulada.
No se trata de un debate sobre origen geográfico, sino sobre la marginación de perfiles tlaxcaltecas que conocen la realidad local, han trabajado durante años en las instituciones y terminan desplazados por decisiones cupulares.
Sin embargo, el tiempo político se acorta para Lorena Cuéllar, y con ello también su margen para continuar operando mediante prebendas, presiones y estructuras corporativas