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Si algo ha caracterizado a los órganos electorales de Tlaxcala en los últimos meses es su peculiar habilidad para administrar los tiempos políticos. Primero fue el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), cuyas decisiones despertaron cuestionamientos por un aparente trato favorable hacia el alcalde capitalino, Alfonso Sánchez García. Ahora es el turno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), que comienza a generar dudas no por el contenido de sus resoluciones, sino por la ausencia de ellas.
A pocos días de que Morena publique la convocatoria para el registro de aspirantes a la candidatura al gobierno del estado, el órgano jurisdiccional mantiene sin resolver expedientes que involucran directamente al presidente municipal de Tlaxcala y a la dirigencia estatal del partido. Puede tratarse de una coincidencia. También puede tratarse de una demora administrativa. El problema es que los tiempos electorales avanzan y las resoluciones no llegan, por lo cual, las omisiones terminan produciendo efectos políticos tan relevantes como las propias sentencias.
Uno de los casos más relevantes que tiene en su poder el TET, es el juicio promovido por el militante Edvino Delgado Rodríguez contra Marcela González Castillo, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, y contra Alfonso Sánchez García. El reclamo original se relaciona con presuntos actos anticipados de campaña y el supuesto uso de la estructura partidista para favorecer una aspiración política específica, que es la del alcalde.
Tras una resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que, según el promovente, evitó pronunciarse de fondo sobre los argumentos planteados, el asunto llegó nuevamente al Tribunal Electoral de Tlaxcala mediante el expediente TET-JDC-053/2026.
Dicho expediente fue turnado a la ponencia de la magistrada Esther Terova Cote desde el pasado 30 de abril. Han transcurrido semanas sin que exista una definición pública, motivo por el que surge una pregunta legítima: ¿qué impide resolver? El procedimiento partidista se encuentra en litigio desde principios de año y la autoridad electoral cuenta con los elementos necesarios para determinar si existe o no razón jurídica en los planteamientos del quejoso. Lo que no existe es una explicación convincente para la prolongación indefinida de los tiempos.
La justicia electoral tiene sentido cuando es oportuna. Una sentencia emitida después de consumados los hechos pierde su eficacia. Resolver cuando ya se cerraron registros, cuando ya avanzó el proceso interno o cuando ya se consolidaron ventajas políticas equivale, en los hechos, a permitir que la realidad sustituya al derecho. Por eso resulta preocupante que asuntos relacionados con la posible utilización de estructuras partidistas permanezcan congelados justamente cuando el calendario político entra en su etapa más sensible.
Morena tampoco puede eludir esta discusión. La dirigencia estatal tiene la responsabilidad de garantizar condiciones de imparcialidad para todos los perfiles que aspiren a competir. La permanencia de Marcela González Castillo al frente del partido mientras enfrenta cuestionamientos relacionados con la promoción política de su esposo es un asunto que merece claridad institucional. No porque exista una condena previa ni porque deba asumirse culpabilidad alguna, sino porque la apariencia de imparcialidad es tan importante como la imparcialidad misma.
La democracia no se fortalece cuando las autoridades guardan silencio. Se fortalece cuando actúan con independencia, transparencia y oportunidad. El Tribunal Electoral de Tlaxcala aún está a tiempo de demostrar que sus decisiones obedecen exclusivamente al derecho y no al calendario político.
Sin embargo, cada día que pasa sin resolver expedientes de alto interés público alimenta una sospecha que ninguna institución debería permitirse: que en Tlaxcala hay asuntos que avanzan al ritmo de la ley y otros que avanzan al ritmo de las conveniencias. ¿O acaso hay facturas políticas que el magistrado y las magistradas tienen que pagar?