Boicot: la división promovida desde la dirigencia y el aparato estatal desafía las reglas de la propia Comisión Nacional de Elecciones
Las denuncias sobre presiones y llamados para inhibir la participación de militantes, simpatizantes y servidores públicos en el informe de la senadora Ana Lilia Rivera abren una pregunta inevitable: si la candidatura de Alfonso Sánchez estuviera realmente definida y respaldada políticamente, ¿por qué recurrir al uso de estructuras gubernamentales y mecanismos de presión para desalentar la asistencia a un acto encabezado por una senadora de Morena?
Lo ocurrido representa una preocupante señal para la vida interna del movimiento. Diversos testimonios apuntan a la utilización de influencias políticas y administrativas para dividir a la militancia, generar temor y limitar la participación de quienes deseaban acompañar a la legisladora tlaxcalteca en su informe de actividades.
Más allá de las diferencias políticas legítimas, resulta preocupante que se vulneren los principios que el propio Morena ha establecido para garantizar la equidad en los procesos internos. La Comisión Nacional de Elecciones ha sido clara al prohibir el uso de cargos públicos, recursos institucionales o estructuras gubernamentales para influir en la militancia o favorecer proyectos políticos particulares.
La pregunta de fondo no es únicamente quién asistió o quién dejó de asistir al informe. La verdadera interrogante es por qué se busca obstaculizar la participación en un evento de una representante popular emanada del mismo movimiento. No debe olvidarse que Ana Lilia Rivera es senadora de Morena y representante de Tlaxcala ante la República.