De los actores políticos, ciudadanos, partidos, autoridad electoral y gobierno...
De los actores políticos, ciudadanos, partidos, autoridad electoral y gobierno, es la autoridad quien está más sujeta a las críticas, toda vez que de ella depende en gran medida el buen o mal desarrollo de un proceso electoral.
Desde que se previó la creación de un organismo autónomo encargado de organizar los procesos electorales (a nivel federal en 1996, y en Tlaxcala a partir de 1994), la intención fue concretar los principios básicos electorales: legalidad, certeza, imparcialidad, profesionalismo, objetividad, ante una naciente democracia a la que le urgía consolidarse y demostrar que los gobiernos surgidos de una elección fueran tanto legales como legítimos.
El problema de cualquier Instituto Electoral ha sido no el carácter autónomo en sí, sino el origen de las propuestas de quienes integran al órgano superior de dirección: el Consejo General, toda vez que las propuestas provienen sustancialmente de dos sujetos políticos: los partidos y el gobierno (en la realidad con su aval o su veto).
Baste revisar las discusiones y controversias que se tienen en los Congresos Locales o en la Cámara de Diputados Federal, para determinar que cada consejero electoral debe contar con el apoyo de una fracción de diputados para entrar en las negociaciones y los consensos, o bien, atenerse al “mayoriteo” cuando hay imposiciones de las fracciones aliadas coyunturalmente o cuando hay incidencia del Ejecutivo en turno. Y no es para menos, pues lo que se disputa es la integración del órgano encargado de organizar la renovación del poder público, es decir, la lucha por el poder empieza por ver quién integra al cuerpo organizador de las elecciones.
La “ciudadanización” que se estableció en 1996, pretendió llevar a individuos preparados, sensibles políticamente, imparciales en cuanto a la aplicación de la ley y, de alguna manera funcionó, pues la primer integración del Consejo General del IFE y los primeros Consejos Generales del IET, tuvieron un desempeño no sin dificultades, pero atemperado con una aplicación más puntual de los procedimientos que integran un proceso electoral.
En el caso del IFE, se concretó un servicio profesional que lo ha hecho un organismo especializado y con experiencia, tendentes sus dos últimos Consejos Generales a los vaivenes de los intereses políticos en las dos últimas elecciones presidenciales, donde el desempeño del IFE ha sido cuestionado por una falta de certeza en los resultados obtenidos, que originaron sendos conflictos postelectorales, pero finalmente es un organismo especializado. En cambio, en el caso de Tlaxcala, no se ha tenido la intensión de profesionalizar a nadie, los consejeros electorales solamente son examinados en el proceso de selección que realiza el Congreso del Estado, pero la aprobación de los exámenes no es garantía para obtener un buen desempeño, ni mucho menos de experiencia y capacidad en materia electoral y, yo agregaría, también en materia política, puesto que se trata de integrar un organismo político en cuanto organismo del Estado y que tiene como único fin organizar la renovación del poder político en sus ámbitos estatal y municipal.
En el caso de Tlaxcala, el cargo de consejero electoral, además, se ha convertido en una “chamba”, es decir, se buscan estos espacios más por obtener un buen ingreso que por tener dedicación y convencimiento para la función electoral. Sus relaciones personales para lograr el cargo contaron mucho, o más bien, su identidad con un partido o con el gobernante en turno, pues finalmente cada quién responderá a su promotor.
El vicio es de origen, desde la integración misma del órgano superior de dirección del IET. Las fracciones o quizá, los diputados en particular, negociaron y llegaron a consensos para tener un Consejo General consensuado, pero sin garantía de su efectividad y eficacia. No dudo que los consejeros traten de poner su mejor empeño, pero cómo demostrarlo ante una serie de inconsistencias en su actuación, como en la elaboración del encarte, en la contratación de la empresa encargada de imprimir boletas y demás documentación, en la destrucción de boletas ordenadas por resoluciones judiciales, en el diseño de las actas de escrutinio y cómputo, en la aparición de boletas clonadas o no, en la falta de autoridad ante una jornada electoral violenta en buena parte de los municipios, en deficiencias y falta de certeza en escrutinios y cómputos y en los cómputos municipales y distritales, en la violación de paquetes electorales que revierten triunfos, en errores y parcialidades de los auxiliares electorales, en una incapacidad de capacitadores electorales, en la ineficacia para investigar actos ilegales, etc.
Cualquier ciudadano se da cuenta que los triunfos que hoy se tienen por cualquier partido o candidato, no son triunfos indiscutibles, son más bien triunfos aceptados porque no quedó de otra, porque un partido o candidato tuvo mayor capacidad de movilización (entiéndase compra y coacción del voto), porque dio más regalos o distribuyó más dinero, pero no son triunfos donde permee, tan solo como posibilidad, que el triunfo fue un logro de organización electoral, de certeza en el resultado y de verdadero ejercicio democrático.
En este proceso electoral, revertir triunfos estratégicos se convirtió en una estrategia (Apizaco, Calpulalpan); casualmente aparecen paquetes electorales violados que dan pie a nuevo escrutinio y cómputo y, oh sorpresa, se encontraron votos nulos que revierten triunfos. Las elecciones son una guerra, solo que a diferencia de una guerra con armas de fuego, aquí las armas son las trampas y las marrullerías, los recursos y los acuerdos, es decir, la antidemocracia, la ilegalidad y la falta de certeza y de capacidad para aplicar la ley electoral.
Que la actuación del IET es cuestionable, sin duda, pero también hay que ver las deficiencias desde la integración del Consejo General y, por supuesto, quienes son los “padrinos” que promovieron a los consejeros. Se trata de hacer una revisión no solo ahora, de la actuación de los consejeros, sino tomar medidas para hacer más funcional a un Instituto Electoral que, en sí mismo es necesario, pero profesionalizado, con experiencia y capacidad, que lo lleve a cumplir los principios de certeza y legalidad.
JULIO 23, 2013.