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Domingo, Noviembre 30, 2014
Todo México es testigo de la infinidad de casos relacionados con la corrupción, impunidad, tráfico de influencias y represión. En los distintos órdenes de gobierno y en los tres poderes que constituyen nuestro régimen de gobierno republicano, la corrupción extiende sus afiladas fauces, devorando la riqueza nacional para beneficio de unos cuantos y provocando una indignación silenciosa que en este momento parece despertar del largo letargo.
Los medios de comunicación, alineados al Gobierno Federal, han intentado mantener las barreras del superficial maquillaje aplicado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la época de la cibernética ha dejado pasmados a las élites cupulares del poder. Distintas injusticias perpetradas por las autoridades legalmente constituidas han tenido el seguimiento puntual de los hechos gracias a los teléfonos inteligentes, bendita herramienta que resulta, hoy por hoy, un magnífico aliado y protector.
Un reciente acontecimiento que da cuenta de la eficacia de tal instrumento fue el que vivió el joven universitario puma, Sandino Bucio Dovalí, quien con lujo de violencia fue secuestrado por agentes de la policía federal y llevado a unas oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Durante su traslado fue brutalmente golpeado y amenazado de muerte, al final los videotestimonios y la solidaridad de la población hicieron posible su liberación, abonándole más descalificaciones a la autoridad.
De igual forma las 11 personas que fueron detenidas en la pasada marcha del 20 de noviembre, fueron liberadas por mandato judicial al no podérseles comprobar su probable participación en hechos vandálicos. Otra mancha más al tigre del autoritarismo e intimidación que ejerce el Gobierno Federal. La estrategia oficiosa de sembrar miedo para disminuir los actos masivos de protesta, parece que día a día se revierte y son más los brotes de insatisfacción social con plena justificación.
La violencia no cede, por el contrario a diario hay nota roja que estremece a la ciudadanía. El Gobierno ha demostrado su incapacidad para garantizar seguridad a la población, las escenas sangrientas han entrado en la línea de la cotidianeidad y el nivel de barbarie supera en mucho la ficción plasmada en el género de la novela policiaca.
El Decálogo anunciado por el presidente de la República, para enfrentar a la inseguridad y corrupción, resultó una reedición de los compromisos de campaña y la oportunidad de celebrar un montaje más de retórica y formalismos caducos que ya no caben en una situación de crisis nacional. Muy difícil creer en un funcionario cuyos bonos de credibilidad se cotizan en ceros, muy difícil creer en alguien que encabeza la punta de la corrupción en el país, muy difícil creer en los mismos que en un par de años han detonado la peor crisis social y política, muy difícil creer en un gobierno que no asume su responsabilidad de ser el autor de todo el desbarajuste en el que vivimos.
No se puede esperar algo de un gobierno que no le da cabida a la autocrítica de sus hechos, no hay ese mínimo esfuerzo por intentar recomponer el camino erosionado. Infinidad de analísticas nacionales e internacionales han sido reiterativos en sus pronunciamientos sobre la poca credibilidad que ya hay en el actual gobierno mexicano, insisten en la incapacidad mostrada para resolver el asunto de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos y en la escandalosa corrupción de la que forma parte el titular del Poder Ejecutivo federal.
A la par, en distintas entidades de la República Mexicana el patrón de la corrupción embarra a gobernadores, presidentes municipales y diputados en sus versiones federal y estatal.
El despertar auténtico que está Moviendo a México no debe claudicar, por el contrario tod@s debemos contribuir a la propagación de esa sed de justicia.