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Muchas opiniones surgieron con los cambios efectuados en algunas áreas de la estructura administrativa del gobierno estatal, acciones normales en cualquier tramo de una gestión pública. Las versiones oscilaron entre las fórmulas fallidas aplicadas por los funcionarios salientes, otras más por el dogma ya muy choteado de los “motivos personales”.
Ojalá lo sucedido fuese similar a los cambios que hace un entrenador de futbol, es decir, para corregir la inoperancia de la estrategia original planteada se envían jugadores capaces de modificar los resultados adversos. Aquí lo malo es que no se trata de los jugadores, sino del entrenador (gobernador) que no tiene claridad de sus objetivos y metas.
Resulta obvio que ciertas renovaciones obedecen al “pago de facturas políticas” con vigencia de tres años y nada tiene que ver la “competitividad”, es únicamente quitar a un ente individual y meter a otro. Uno de ellos, por lo menos, con un poco de diplomacia acertó a decir que “mejor se iría a cuidar a sus nietecitos” y revelar esos escabrosos “motivos personales”, pero la realidad no fue más que “checar salida” y dejar la plaza a un elemento con el mismo ADN político-partidista y su buen trabajo como diputado “camuflado” de oposición en la anterior legislatura.
Otras permutas vislumbran el arranque de futuros cuadros para posicionarse como insignias del PRI rumbo a las diputaciones federales, aduana 2015 que será definitoria para darle cauce formal a la sucesión gubernamental de 2016.
En lo personal no veo que los movimientos realizados y por realizar cambien para bien el actual modo de gobernar, creo que las cosas seguirán siendo más de los mismo con tendencia al recrudecimiento de los flagelos sociales. Significa que los empleos existentes seguirán perdiéndose, como ha sido la tónica de la actual administración, ya ni hablar de la peregrina idea de generar nuevos espacios laborales; municipios con infraestructura deteriorada en demasía, convertidos únicamente en agencias de colocación de cuates y cuotas; políticas estatales que atienden más el asistencialismo social como estrategia “electorera”, dejando a un lado el desarrollo colectivo; un Plan Estatal de Desarrollo convertido en un collage (copiadero) de bibliografías, más que de un verdadero documento surgido de los sentimientos y aspiraciones de las distintas regiones integrantes del territorio tlaxcalteca. Y bueno, ahí la dejamos porque madeja que desenrollar hay mucha.
Nuevamente es desde los Estados Unidos de Norteamérica donde descubren otra graciosada de los grupos delincuenciales mexicanos, ahora no se trató de algún cártel del narcotráfico, ahora se descubrió una amplia red de corrupción pero de hampones de “cuello blanco”. Lo grave radica en que se trata de gente encumbrada en la política, concretamente de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes dieron trato preferencial a la empresa marítima Oceanografía a través de contratos multimillonarios y así lograron rescatar a una firma que se ubicaba en las profundidades de las desdichas financieras.
Salen a relucir versiones de propios ex legisladores panistas que ratifican los negocios turbios efectuados por los hijos de la esposa del expresidente Vicente Fox, quienes lograron acumular importantes sumas de dinero a partir de sus gestiones “fast track” en las asignaciones directas para la empresa en comento. Posteriormente, en el gobierno del expresidente Felipe Calderón, el trato preferencial a la empresa Oceanografía continuó y se incrementó.
El gobierno mexicano no tuvo más remedio que entrarle al nuevo drenaje de corrupción, eclipsando el fraude y lavado de dinero de Oceanografía al trending topic de “El Chapo” Guzmán.
En plena competencia por la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), los entuertos azulados surgen dejando a la ciudadanía azorada por la voracidad que han mostrado algunos cuadros “distinguidos” de ese instituto político, a su paso por la administración pública federal, recayendo con más intensidad en la persona del senador con licencia Ernesto Cordero.
Otro tema en ciernes es el relativo al fraude cometido por el empresario José Susumo Azano, quien vendió al Ejército Mexicano equipo de espionaje con sobreprecio por más de 5 mil millones de pesos, siendo secretario de Hacienda y Crédito Público el ahora candidato a la dirigencia nacional del PAN, el senador con licencia Ernesto Cordero. Parte de ese dinero fue canalizado para apoyar campañas políticas del PAN, estando como dirigente nacional César Nava.
¿Sabrá algo la excandidata a la gubernatura de Tlaxcala?, Adriana Dávila.