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Las brasas en el PAN están que arden a su máxima capacidad, el infierno parece quedar corto ante el largo listado de pecados perpetrados por “distinguidos” militantes que han hecho de esas insignes siglas un verdadero Negociazo en favor de intereses meramente personales y/o grupales. El partido que por siempre criticó los recetarios del PRI para hacer política, sin empacho alguno replicó todas y cada una de las sustancias tóxicas para alcanzar el poder y asirse, por inercia, del económico a través de impúdicos trinquetes.
Análisis van y análisis vienen, todos ellos concluyen en un vértice de concupiscente atracción por el dinero mal habido mediante refinados procedimientos celebrados en oficinas institucionales o restaurantes estilo “jet set”, pero que al final poseen las mismas características de un aprisco. Sin duda que también hay un sinnúmero de panistas enteramente respetables y respetuosos, pero por desgracia en la presente coyuntura proliferan los caradura.
A nivel nacional la docena trágica compuesta por las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, demuestran en los hechos la exacerbada corrupción enervada por una mayoría de “panistas” ambiciosos de poder y dinero. Los preámbulos en materia energética empezaron con el “Foxismo” y extendieron el potencial en el “Calderonismo”, el PRI ha querido adjudicarle toda la autoría a los doce años de la alternancia, pero su ansiedad por reformar el marco legal sacó a flote esa cofradía bipartidista por entrarle al negocio de los energéticos.
Oceanografía es el ejemplo más claro de ese amasiato “prianista”, resulta que ya pasadas varias semanas de tan evidente atraco a vista de tod@s todavía no han integrado una averiguación para tipificar los delitos cometidos por la gente involucrada en tal desfalco. Lo más donoso es escuchar que el “empresario” Amado Yáñez Osuna, principal accionista de Oceanografía, contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex), quedó bajo arraigo 40 días. Ese arraigo el pobrecito empresario lo pasará en el paradisiaco Acapulco en las Brisas, uno ya no sabe si llorar o reír de tan bochornoso espectáculo apegado al estricto “¡Estado de Derecho!”
Tenemos a un expresidente, Vicente Fox, cuyo genotipo se asemejan a un pseudolíder de las satanizadas Barras de fútbol. Ahora resulta que Don Fox quiere ser empresario petrolero, energético y un boyante agricultor de la hierba verde. Sin embargo, el caso Oceanografía lo tiene en el cubilete del desprestigio total, tanto a él como a su esposa e hijos.
Los Moches al igual son tema de coyuntura que “a como le pega a ciertos panistas”, panistas de “abolengo”, auténticos de “sangre azul”, conspicuos “luchadores sociales” cuyo interés único y diáfano es el Porvenir de l@s Ciudadan@s.
Una diputada federal por Tlaxcala ha sido ventaneada permanentemente con eso de los Moches, todas las versiones conducen a la veracidad de dicha operación financiera. El Modus Operandi consiste en aprobar proyectos de infraestructura para los municipios, el costo total de la obra implica “quitar un poquito” y hacer vaquita que sirve para financiar campañas políticas y mantener en números negros a empresas constructoras afines. Con frenesí primaveral la “legisladora”, mediante audio, confirmó que el municipio de Tlaxcala capital fue y es parte de ese enorme catálogo de territorios apapachados, lo cual confirma que la actual administración municipal tuvo generosos “apoyos” de Moches y tendrá que, en el mismo sentido, redimir su triunfo con la misma moneda de cambio para comicios en puerta en otros estados.
Nadie, en su sano juicio, puede estar en desacuerdo sobre la gestión de legisladores para obtener recursos económicos que respalden la construcción de obras públicas de beneficio colectivo. Lo aberrante radica en hacer de la gestión social un negocio, es decir, utilizar dinero público para fragmentarlo y distribuirlo entre campañas políticas y negocios empresariales. Por eso las obras públicas, en poco tiempo, demuestran haber sido realizadas con material de baja calidad y obsoletas.
Los narcotraficantes obtienen excelentes recursos económicos de su actividad ilícita, misma que amplía sus beneficios rentistas hacia los gobernantes y lograr así una convivencia $ana. Los últimos acontecimientos corroboran la existencia de una camorra de legisladores que, amparados en el fuero constitucional, celebran convenios ilícitos para “ser vividores” y no servidores públicos.
A nivel estatal las cosas no distan mucho de lo nacional, en momentos donde la economía familiar se ubica en sus niveles de mayor precariedad e insatisfacción, los diputados locales en tiempo récord agotan más de 10 millones de pesos en dos meses (enero y febrero del año en curso).
Es necesario sumar esfuerzos para acabar con esos vicios políticos de fama siniestra y que graban una triste mancha en las vidas sanas de una sociedad integra.