Miércoles, Junio 24, 2026
El fin de semana dejó una conclusión que pocos dentro de Morena quieren reconocer públicamente: la disputa por la candidatura al gobierno de Tlaxcala ya rebasó la capacidad de conciliación de los grupos locales.
La Caminata por la Soberanía Nacional de la gobernadora Lorena Cuéllar —que diversos actores interpretaron como una plataforma para proyectar al alcalde con licencia Alfonso Sánchez García— y el informe legislativo de la senadora Ana Lilia Rivera —considerado por muchos como el arranque formal de sus aspiraciones políticas— no fueron eventos aislados. Fueron dos demostraciones de fuerza que evidenciaron la existencia de proyectos enfrentados, estructuras movilizadas y visiones distintas sobre quién debe conducir al movimiento rumbo a 2027.
Sin embargo, más allá de quién reunió más personas o consiguió las mejores fotografías, lo verdaderamente relevante son las reacciones que estos eventos provocaron al interior de Morena.
Lejos de generar acercamientos o condiciones para la unidad, las movilizaciones profundizaron la confrontación. Cada grupo llamó a la unidad, pero ninguno logró convertirse en un verdadero factor de cohesión. Por el contrario, la discusión pública en redes sociales dejó al descubierto que sus equipos se concentraron más en desacreditar a sus adversarios que en construir puentes de entendimiento.
El mensaje fue contundente: hoy no existen condiciones para que los principales aspirantes construyan, por sí solos, un acuerdo político que garantice la cohesión interna del partido. Por ello, la intervención del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena ya no es una opción; es una necesidad.
Morena enfrenta en Tlaxcala un problema que difícilmente podrá resolverse mediante llamados genéricos a la unidad o simples pactos de civilidad.
La dirigencia nacional tiene que asumir que el proceso sucesorio comenzó hace tiempo y que se ha desarrollado en condiciones que contradicen los principios que el propio partido ha defendido durante años. La dirigencia estatal ha sido señalada por actuar con parcialidad y permisividad frente a una disputa que no ha respetado plenamente las condiciones de equidad que Morena exige en sus procesos internos.
El principal dilema para el partido es que durante años denunció el uso del poder público para promover proyectos personales, criticó el desvío de recursos institucionales con fines electorales y cuestionó la intervención de gobernadores en la definición de candidaturas.
Esas prácticas formaban parte de aquello que Morena prometió erradicar, por lo que hoy tiene la oportunidad de demostrar que sus principios no fueron únicamente una bandera de oposición, sino reglas que también está dispuesto a aplicar cuando ejerce el poder.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido enfática al pedir que nadie se adelante a los tiempos políticos y que los servidores públicos actúen con prudencia. En la misma línea, el Consejo Nacional de Morena aprobó lineamientos orientados a evitar actos anticipados de campaña, promoción personalizada y utilización de recursos públicos para posicionamientos políticos.
Si esas reglas fueron diseñadas para todos, deben aplicarse para todos. No hacerlo tendría consecuencias importantes, porque el problema ya no es únicamente quién resulte ganador de una eventual encuesta. El verdadero riesgo es que una parte significativa de la militancia considere ilegítimo el resultado si percibe que algunos participantes compitieron con ventajas construidas desde el ejercicio del poder público.
Ningún movimiento político puede aspirar a la unidad cuando sus propias reglas son ignoradas, por lo que la dirigencia nacional debe actuar antes de que el conflicto escale. Tiene que garantizar condiciones de piso parejo, revisar el comportamiento de los actores involucrados y enviar una señal inequívoca de que, dentro de Morena, nadie está por encima de los acuerdos internos.
Lo ocurrido el fin de semana no demostró quién tiene asegurada la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación, antesala de la candidatura al gobierno estatal. Lo que realmente evidenció es que la sucesión ya comenzó y que, si el CEN no pone orden, la principal amenaza para Morena en Tlaxcala no vendrá de la oposición, sino de sus propias divisiones.