La libertad de expresión es un derecho fundamental; lucrar con la mentira no debería confundirse con ejercerla.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha defendido los derechos de las audiencias frente a quienes apresuradamente hablan de censura. Conviene aclararlo, nadie propone que el gobierno decida qué puede decir un periodista ni que determine cuál es la verdad. Se plantea algo mucho más democrático, reconocer que quien escucha, mira o recibe información también tiene derechos.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantiene en consulta pública una propuesta de lineamientos para que la radio y la televisión cuenten con códigos de ética, personas defensoras de las audiencias y mecanismos para atender inconformidades. Me parece correcto, pero todavía insuficiente.
El debate debe alcanzar también al ecosistema digital.
¿Por qué una televisora o radiodifusora debe responder ante su audiencia, mientras una página que se presenta como medio informativo, alcanza a cientos de miles de personas, cobra publicidad y monetiza reproducciones puede difundir falsedades sin asumir responsabilidad alguna?
Toda persona física o moral que realice profesionalmente actividades informativas en Internet y obtenga ingresos de ellas debería asumir obligaciones proporcionales; identificar a sus responsables, distinguir información de opinión, transparentar los contenidos pagados y establecer mecanismos accesibles de aclaración, réplica y rectificación.
Esto debe hacerse preservando plenamente la libertad de expresión ciudadana, sin censura previa y sin convertir al gobierno en árbitro de la verdad. No se trata de perseguir opiniones ni de impedir la crítica, sino de exigir responsabilidad a quienes hacen de la información una actividad profesional y comercial.
¿Recuerdan que hace algún tiempo escribí en este mismo espacio una pregunta? En aquella ocasión cuestioné si la actuación de un periodista podía explicarse por ignorancia o por mala fe. Lo hice de manera fuerte, aunque respetuosa; pregunté, no afirmé. Recibí una denuncia y persecución mediática.
Lo recuerdo porque guarda relación directa con lo que ahora planteo. Aquel periodista tenía pleno derecho a expresarse y yo también tenía derecho a cuestionar públicamente sus dichos. Pero, por encima de ambos, la audiencia tenía derecho a conocer los hechos, contrastar las versiones y formarse su propio juicio.
La libertad de expresión no puede ser privilegio exclusivo de quien posee un micrófono, administra una página o tiene miles de seguidores. También protege a quien responde, cuestiona, solicita pruebas o exige una rectificación.
En Tlaxcala y en todo el país han proliferado páginas que se presentan como medios, pero publican acusaciones sin datos verificables, mezclan información con interpretación y, en ocasiones, convierten el ataque personal en modelo de negocio.
Ahí aparece la contradicción de algunos opositores, son extraordinariamente liberales cuando se trata de comercializar información, pero profundamente conservadores cuando se les exige transparencia y rendición de cuentas.
La libertad de expresión debe protegerse siempre. Precisamente por eso debemos defender también a quien escucha.
Una democracia necesita voces críticas, periodismo independiente y libertad editorial; pero también información verificable, derecho de réplica y medios responsables ante sus audiencias.
Las noticias de hoy serán una de las fuentes con las que mañana se escribirá la historia. Defender su integridad también es defender nuestra memoria colectiva.
Con afecto y compromiso con la verdad, para mis dos amables y únicos lectores.