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La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros parece ha decidido entrar de lleno en la disputa interna de Morena por la sucesión estatal, aun a costa de comprometer la imagen de imparcialidad que debería acompañar al ejercicio del poder público.
La apertura de espacios gubernamentales para las movilizaciones del Sindicato 7 de Mayo, en un momento político particularmente sensible para Tlaxcala, no puede analizarse únicamente como una expresión sindical. Por el contexto y por los actores involucrados, se observa como una acción que fortalece el proyecto político del presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García.
El aniversario número 70 de vida sindical puede ser un motivo legítimo de celebración y organización gremial. Nadie cuestiona el derecho de los trabajadores a manifestarse. El punto de discusión es otro: la permisividad institucional y las condiciones generadas desde el gobierno estatal para que esas expresiones tengan una clara dimensión política en favor de quien es identificado como su “delfín”.
Desde la llegada de Alfonso Sánchez García al ayuntamiento capitalino, la gobernadora ha enviado señales constantes de respaldo hacia su figura. Las alianzas forman parte de la democracia, sin embargo, el problema es que esa relación parece trasladarse desde el ámbito partidista hacia la estructura institucional del gobierno.
La disputa por el futuro de Tlaxcala dentro de Morena apenas comienza. Las reglas de la competencia democrática exigen que los actores participen desde sus propias capacidades y respaldos, no desde una ventaja construida con la influencia del aparato gubernamental.
La coyuntura del próximo domingo vuelve más delicado el escenario. Mientras Alfonso Sánchez García pretende crear una imagen de suma respaldos, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera realizará un acto público para informar a la ciudadanía sobre su trabajo legislativo en el Senado de la República.
Dos expresiones políticas con objetivos distintos coinciden en tiempo y espacio. Y aunque nadie está obligado a renunciar a sus aspiraciones, desde el gobierno estatal sí existe la obligación de actuar con prudencia y evitar decisiones que profundicen la percepción de una contienda inclinada desde el poder.
Ahí está el principal cuestionamiento a Lorena Cuéllar: utilizar su posición para fortalecer un proyecto sucesorio.
El cierre de una administración suele estar acompañado de balances. En el caso de Lorena Cuéllar, el último tramo de su gobierno ocurre en medio de una creciente disputa interna, desgaste político y cuestionamientos sobre la forma en que se está conduciendo respecto de la sucesión en Tlaxcala.
La gobernadora aún tiene la oportunidad de cerrar su mandato con una visión institucional. Pero para ello tendría que entender que la fortaleza de su administración no se mide por la capacidad para impulsar a su “delfín”, sino por la capacidad para garantizar condiciones de competencia y, más aún, gobernar. La mayoría de las encuestas, sin embargo, le dice que serán unos largos meses y que su administración será una de las peores recordadas en la historia del estado.