.
En Tlaxcala ocurrió una de esas escenas que difícilmente pueden explicarse solamente desde la narrativa oficial: dos eventos políticos recientes mostraron dos formas distintas de entender la movilización y la relación con la ciudadanía.
La coincidencia entre diversos columnistas y líderes de opinión ha sido clara: la marcha encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el alcalde con licencia Alfonso Sánchez García estuvo marcada por una amplia operación política, con la participación de estructuras gubernamentales y una movilización que, para diversos analistas, tuvo más características de una demostración de fuerza institucional que de una expresión espontánea de respaldo ciudadano.
En contraste, el informe legislativo de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera mostró otra dinámica: una convocatoria construida desde el contacto directo con la gente, sin la maquinaria institucional detrás, con la presencia de ciudadanos que acudieron a escuchar la rendición de cuentas de una representante popular que ha mantenido una relación constante con las comunidades de Tlaxcala.
La diferencia entre ambos ejercicios no está solamente en el número de asistentes, sino en el origen de la convocatoria. Mientras una movilización puede organizarse desde las estructuras del poder, otra puede sostenerse en la confianza construida durante años de trabajo político y legislativo.
La realidad, sin embargo, no siempre resulta cómoda para quienes ejercen el poder. Por ello no sorprende que nuevamente hayan resurgido una campaña de ataque en redes sociales contra Ana Lilia Rivera, impulsada desde cuentas falsas y dinámicas digitales artificiales.
El mensaje detrás de estas acciones es que existe preocupación porque una figura política que no depende de la estructura gubernamental mantiene presencia, reconocimiento y capacidad de convocatoria entre sectores importantes de la sociedad tlaxcalteca.
La gobernadora Lorena Cuéllar tiene razones para observar con atención el escenario político que se aproxima. Una de las expresiones más claras de esa preocupación está en la iniciativa de reformas impulsada desde el Ejecutivo estatal para modificar los tiempos de aprobación de la cuenta pública, con el objetivo de que ésta pueda resolverse antes de concluir su administración. Una propuesta que ha generado cuestionamientos sobre la intención de blindar políticamente el cierre de un gobierno.
El calendario avanza. Vendrá el registro ante el partido y con ello la etapa definitiva de una contienda interna en la que ya comienzan a observarse las fortalezas y debilidades de cada proyecto.
La principal dificultad para el grupo gobernante no parece encontrarse en sus adversarios externos, sino en sus propios límites internos: la incapacidad de revertir la percepción que reflejan distintos estudios demoscópicos sobre la amplia ventaja de Ana Lilia Rivera frente al proyecto impulsado desde el gobierno estatal.
A ello se suma una fractura política que ya no puede reducirse únicamente a la salida del ex secretario de Gobierno, Sergio González Hernández. Existen otros actores que forman parte del actual gabinete y que observan con preocupación el rumbo del proceso, en medio de definiciones políticas que podrían modificar equilibrios internos.
La política tlaxcalteca entra en una etapa donde las estructuras cuentan, pero también cuentan la trayectoria, la cercanía y la percepción ciudadana. Las movilizaciones pueden organizarse; lo que no puede fabricarse con facilidad es la confianza social.
Por eso la reacción contra Ana Lilia Rivera no debe leerse solamente como una disputa en redes sociales. Es una señal de que el escenario político rumbo a 2027 comienza a cambiar y de que, frente a la fuerza institucional del poder, emerge otra fuerza: la de una ciudadanía que observa, compara y toma decisiones.